El director de Protección Civil en Nuevo León, Jorge Camacho Rincón, afirmó que no pedirá licencia ni renunciará al cargo, como solicitó la diputación local del PAN, por haber dado el aval para que operara el casino Royale, donde murieron 52 personas el pasado 25 de agosto en un incendio provocado por miembros del cártel de Los Zetas.

Expresó que no teme convertirse en chivo expiatorio, pues confía en la imparcialidad de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y está dispuesto a comparecer y acatar, en su caso, el fallo de las autoridades de existir negligencia en los protocolos de protección civil.

Señaló que no fue un incendio técnicamente hablando, porque se persigue un delito cometido por el crimen organizado, que fue calificado de terrorista por la Presidencia, bajo un esquema que se salió de toda proporción.

En tanto, Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la comisión especial investigadora del caso casino Royale en el Congreso estatal, exigió llegar al fondo de la verdad para fincar responsabilidades contra quienes desde la Secretaría de Gobernación facilitaron la operación ilegal del centro de apuestas.

Acerca de la averiguación que inició la PGR por irregularidades en los permisos otorgados al Royale desde 2007, a solicitud de la Secretaría de Gobernación, dijo que resulta lamentable que no se haya actuado antes de la tragedia, ya que la empresa Atracciones y Emociones Vallarta notificó en 2008 que dejaba de operar en avenida San Jerónimo 205, lugar donde ocurrió el incendio.

El diputado priísta explicó que la investigación federal va dirigida contra Roberto Correa Méndez, director de Juegos y Sorteos en funciones del primero de enero de 2007 al 11 de junio de 2009, cuando fue subalterno de los titulares de Gobernación: Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilio Mouriño y los primeros meses de la gestión de Fernando Gómez Mont.

Agregó que de acuerdo con la información, corroborada por las autoridades federales, Correa Méndez, un día antes de presentar su renuncia –el 10 de junio de 2009– emitió 50 autorizaciones apócrifas, entre ellas la del casino Royale. Habrá que ver a quién engañaron y quién fue parte de este entramado jurídico, muy probablemente ligado a corrupción, concluyó.

Cierra casa de juego en Morelos

En Cuernavaca, Morelos, un casino cerró y otro cambio de razón social en esta ciudad. De acuerdo con el titular de Protección Civil del estado, Basiliso Miranda Román, después de que se realizaron varios operativos de revisión en los seis casinos que operan en la entidad, el Zafir Play & Fun, del hotel Marjaba, decidió cerrar por su voluntad.

El casino Las Palmas, ubicado junto a la plaza comercial Cuernavaca, que cerró tres días después del ataque al Royale, cambio su razón social, dijo.

La SG llamará a cuentas a 27 permisionarios

Fabiola Martínez

La Secretaría de Gobernación (SG) admitió que su Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos (DGAJS) tiene una estructura débil que le impide desarrollar a cabalidad sus atribuciones. Para tratar de resolver este problema anunció un plan de actualización y normalización de expedientes; como primer paso citará a comparecer a los 27 permisionarios que, en conjunto, representan a 561 establecimientos en el país.

De este universo de casinos, actualmente 318 tienen aviso de funcionamiento (12 más de los que había hace mes y medio) y 243 aparecen sin esta condición, es decir, tienen autorización y estarían en la posibilidad de que sus dueños los pongan a funcionar. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico de la SG, uno de los principales obstáculos es que desconoce la situación actual de cada permisionario en relación con la eventual participación accionaria de cada empresa involucrada.

A esta situación se enfrentó, por ejemplo, el 25 de agosto pasado con el incendio en el casino Royale, en el que murieron 52 personas, tras un ataque de integrantes de la delincuencia organizada. El permisionario de origen es Atracciones y Emociones Vallarta, aunque la información precisa de la integración de estos negocios se dio a conocer antier, a casi un mes de los hechos.

La dependencia reveló que hasta la fecha del siniestro , operaban u operaron bajo permiso o criterios administrativos por lo menos cuatro empresas: Atracciones y Emociones Vallarta, Entertainment Enterprises of México, Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta y Ferrocaril Endige. La SG calificó de irregulares esos criterios administrativos y solicitó la intervención de la PGR. Sin embargo, nada se dijo acerca de revocar alguno de los 27 permisos vigentes.

En varias ocasiones los funcionarios en turno de la SG han enfrentado críticas y denuncias en la DGAJS, a lo que han respondido con promesas de auditorías. La más reciente, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, inició el pasado 9 de junio y casi en el vencimiento del plazo para que entregue resultados (120 días) lo único que ha señalado es que muchas de las posibles irregularidades, realizadas en 2005, cuando era titular de la SG, Santiago Creel, ya habrían prescrito.

50 inspectores para todo el país

Entre los compromisos que delineó el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez se encuentra el rediseño de la base de datos para la administración y actualización de expedientes, y del portal de información pública sobre permisos, que añade los avisos de apertura por municipio o delegaciones, en el caso del Distrito Federal.

Además, una restructura de la DGAJS para reforzar las funciones de regulación, control e inspección. Esta área tiene menos de 50 supervisores en todo el país.

Estamos echando a andar un programa de actualización y normalización que cambie la lógica del control del permisionario a controlar establecimiento por establecimiento, dijo.

Cada permiso puede tener de 20 hasta medio centenar de negocios de libros foráneos o centros de apuestas remotas, así como sorteo de números, conocidos como casinos o bingo.