El campo y los campesinos no son parte de sus prioridades para el gobierno: ello lo muestra en su propuesta para reducir en 10 mil millones de pesos el presupuesto 2012 para el sector rural, expuso Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.

Apuntó que en la propuesta de presupuesto, el Ejecutivo desaparece los programas de apoyo a las organizaciones sociales y a los sistemas producto, así como la reserva estratégica de alimentos. Estamos frente a una propuesta inclinada a respaldar los cultivos transgénicos y a los grandes agricultores, ya que se asignan 335 millones de pesos a recursos genéticos, 540 millones a agricultura protegida y mil 315 millones de pesos para adquirir maquinaria agropecuaria.

Es lamentable que no se propongan metas específicas para enfrentar el hambre ni para incrementar la producción de alimentos; se excluye a los más pobres, margina a las organizaciones campesinas e indígenas y favorece a las empresas trasnacionales como Monsanto y Cargill.

Los recursos para Financiera Rural se reducen en 50 por ciento, lo que implica dejar de apoyar a los intermediarios financieros que han integrado las organizaciones de pequeños productores; desaparece el programa de fomento productivo al cultivo de café; se reducen en 50 y 25 por ciento los recursos para los programas Fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios (Fappa) y para la mujer del sector agrario (Promusag), respectivamente; baja en dos tercios los apoyos a organizaciones sociales y en un tercio el apoyo a jóvenes emprendedores rurales, programas a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria.

La partida para caminos rurales se reduce en 13 mil 500 millones de pesos y en mil 400 millones el recurso para infraestructura hidroagrícola; desaparece el rubro desarrollo rural dentro del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, y se asignan sólo 300 millones de pesos al programa especial para seguridad alimentaria (Pesa) en el que participa la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), dirigido a las comunidades más pobres del país.

También se reduce en mil 700 millones de pesos el monto para la agricultura tradicional, en mil 900 millones para la ganadería tradicional, y en 2 mil millones el Procampo. En cambio se aumentan los recursos para el programa ganadero, el cual pasa de 3 mil 950 millones a 4 mil 300 millones de pesos; el programa forestal pasa de 5 mil 300 a 6 mil 570 millones en beneficio de los vendedores particulares de planta forestal, y crea un programa de manejo posproducción.