os intolerantes están en su papel y las autoridades gubernamentales de Puebla los dejan hacer y deshacer. En algunas localidades de la entidad es letra muerta la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Azuzados por el párroco Ascensión Benítez González, y con la activa participación del presidente auxiliar Antonio García Ovalle, un grupo de católicos tradicionalistas de Tlanalapan, en el municipio de San Martín Texmelucan, tomó la decisión de expulsar del poblado a la pequeña comunidad evangélica (La Jornada, 9/9/11).

La intolerancia contra los evangélicos del lugar viene de 2006, cuando la mayoría católica les negó el servicio de agua a los integrantes del grupo religioso distinto al dominante. Ahora el cura Ascensión Benítez arengó a sus feligreses en su homilía del 4 de septiembre para que presionaran a quienes no son católicos con el fin de que abandonen Tlanalapan.

Los tradicionalistas pasaron a los hechos y dieron un ultimátum para que los evangélicos salieran del pueblo. Entre sus considerandos esgrimieron que este pueblo es de católicos. A escala nacional somos reconocidos por no tener templos ni alabanzas (de otras denominaciones religiosas). Los cristianos vienen de otros lados; no son de la comunidad y no conocemos sus mañas ni sus intenciones. Si no se van el lunes [12 de septiembre], ya sabemos cómo correrlos, afirmó una mujer. Por su parte, los agredidos interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público en la cabecera municipal.

Inicialmente el secretario general de Gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, redujo el caso a diferencias de fervor religioso. La cuestión es cuando ese fervor se transforma en negación de derechos a otras personas. Es entonces cuando corresponde a las autoridades municipales, estatales y federales hacer efectivos los diques de las leyes para contener los ánimos de fervor religioso. El funcionario también hizo un llamado para que las partes dirimieran sus diferencias. El punto es que una de esas partes agrede y amenaza con aumentar sus agresiones hasta un posible linchamiento. Ante eso lo inmediato es aplicar la legislación vigente contra quienes profieren las amenazas.

Días después del encendido sermón del párroco Ascensión Benítez contra los evangélicos, sus discípulos más aventajados en la intolerancia redactaron y firmaron un documento para impedir “que ‘nunca jamás’ se vuelva a instalar otro culto diferente al suyo en esta población del municipio de San Martín Texmelucan” (La Jornada de Oriente, 13/9/11). Entre las joyas del pensamiento único que documentó el reportero se encuentra la siguiente, proferida por los defensores de la intransigencia religiosa: La católica es la religión verdadera, y si creen que tratando de convencer a los niños se iban a poder quedar, están mal. Vamos a defender a la única y verdadera religión con todo. No saben adónde se vinieron a meter.

La noticia del caso en Tlanalapan se divulgó rápidamente en espacios interesados en el respeto a la libertad de cultos. En el sitio más leído por la comunidad evangélica de habla hispana, y que se gesta en España (www.protestantedigital.com), fue el asunto más comentado por los lectores. De ahí el tópico fue retomado por otros sitios de Internet y el tema se globalizó. No tomó el asunto con esa misma celeridad el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, quien no se había pronunciado sobre el caso, tras su estallido ocho días antes (La Jornada de Oriente, 15/9/11).

La resistencia de los acosados, su decisión de hacer valer los derechos que les reconocen las leyes, los ha llevado a documentar los ataques padecidos. El pastor del grupo, Josué Ovando Jiménez, ha hecho públicos videos que capturan las agresivas acciones en su contra. No queda duda que los atacantes buscan extirpar de Tlanalapan creencias y prácticas a las que tienen legítimo derecho a guardar y externar los evangélicos.

Después de adoctrinar a sus adeptos para que se organizaran y desarraigaran del poblado a los no católicos, el cura Ascensión Benítez se ha negado a dar la cara a los medios. Su intolerancia levantó críticas, incluso en la diócesis de Puebla. Investigaciones periodísticas confirman que el párroco fue suspendido algunos días de ofrecer sus servicios religiosos en San Rafael Tlanalapan, hasta en tanto no se logre un acuerdo que garantice la convivencia y la paz con la comunidad evangélica (La Jornada de Oriente, 20/9/11).

Por su parte la Secretaría General de Gobierno de Puebla informa que mediará para que tanto católicos como cristianos lleguen a un acuerdo que permita la convivencia pacífica de ambos credos y vuelva la calma a la comunidad. Además dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del estado giró cinco citatorios a personas involucradas en los delitos de amenazas y agresiones contra los evangélicos.

Las autoridades van a lograr más si hacen valer las leyes y las aplican a quienes vulneran los derechos constitucionales de los agraviados, en lugar de organizar mesas de diálogo que dilatan la salvaguarda de las garantías del grupo protestante.