l senador Beltrones ha presentado una iniciativa, con el aval de los senadores del PAN y del PRD, que plantea, mediante la modificación de los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política, en busca de la actualización del sistema presidencial, que hoy está obliterado, facilitarle instrumentos que le permitan integrar gobiernos de coalición, y al mismo tiempo la obligación del Ejecutivo federal de acudir a las cámaras del Congreso, ya sea por invitación o a requerimiento del Legislativo.

La Presidencia de la República ha sido hasta hace poco la parte sustantiva del Estado en México. Pero es en gran medida el obstáculo, en la medida en que todo queda a su arbitrio y padecemos el país de un solo hombre. Con esta magnificación histórica el Presidente nulifica el frágil equilibrio entre poderes.

Para Diego Valadés, la Presidencia está en una etapa crítica de caduquez, por estar enraizada en una estructura arcaica. Postula también que en 2012 viviremos una disyuntiva entre colisión y coalición. Agrega que algunos no lo ven así; viéndolo, no lo entienden, o entendiéndolo no lo aceptan. El académico sostiene que México ha padecido dos sexenios fracasados, y que resultaría impensable otro más de adversidad para la paz pública, la vida social y el desarrollo económico de nuestro maltrecho país.

Por eso resulta relevante, como enfatiza Beltrones, pasar de los gobiernos divididos a la era de los gobiernos compartidos. En el contexto de la Ley para la Reforma del Estado se planteó el tema de la gobernabilidad democrática a partir de dos propuestas: la creación de la figura del jefe de gabinete, o bien la institución de jefe de gobierno, que conjuntamente con la figura de jefe de Estado dota al Ejecutivo de instrumentos para entablar un nuevo equilibrio con el Legislativo y generar la gobernabilidad democrática. El sistema presidencialista mexicano ha creado la imagen de un Ejecutivo fuerte y unipersonal, cuya rigidez propicia un desempeño deficiente. Se ha propuesto que se pudiera dar la ratificación del gabinete presidencial por el Senado, que garantice la capacidad de los propuestos, al margen de los nombramientos de amigos y cuates, y de encargados de despacho sin conocimiento alguno sobre la secretaría que encabezan.

En la iniciativa se propone que el Ejecutivo federal disponga de voz en las cámaras del Congreso, por sí mismo o a través del titular de la Secretaría de Gobernación, para presentar iniciativas de ley, gestionar asuntos y responder preguntas parlamentarias, sea por invitación de las cámaras del Congreso o por solicitud del Ejecutivo al respecto, sin demérito de las demás facultades del Congreso y su cámaras establecidas constitucionalmente.

Asimismo, se propone otorgarle voz al Presidente por sí o por interpósita persona, a través del secretario de Gobernación, para presentar iniciativas, comparecer o responder preguntas parlamentarias, previa invitación, solicitud o requerimiento de alguna de las cámaras.

El gobierno de coalición permitirá al Ejecutivo y al Legislativo interactuar y fortalecerse mutuamente. Se pretende que el Presidente de la República designe libremente a su gabinete y de acuerdo con la distribución de fuerzas políticas podrá integrar un gobierno de coalición, y en este supuesto sometería a la ratificación del Senado a los secretarios de despacho.

Comparto el pensamiento del politólogo e historiador Enrique González Pedrero (La cuerda tensa, Fondo de Cultura Económica), que sugería hace más de 10 años encaminarnos hacia un régimen presidencial a la mexicana, que con pequeños ajustes al texto constitucional se podría revitalizar la forma de gobierno. El Presidente podría encargarle a un secretario de Gobernación experimentado, y dueño de oficio político, todo lo cotidiano, que en política es tan importante como lo trascendente. También tendría otras tareas como la relación con el Congreso, es decir con los partidos, con los gobernadores y con los medios de comunicación, en una primera instancia. Así, al jefe de Estado le quedaría tiempo para conducir las tareas fundamentales del gobierno: vigilar de cerca la realización de los programas de las distintas secretarías, y estar pendiente directamente de la política exterior y de las políticas de seguridad y defensa, de las que depende la soberanía y la integridad del país, es decir, la razón de ser del Estado.