Tras obtener la condición legal de ser consultoras preferenciales del Estado, las universidades públicas de Argentina despliegan hoy una campaña para lograr la facultad de interponer iniciativas legislativas científico-académicas y de ese modo aportar soluciones a los problemas nacionales y retribuir el financiamiento público gracias al cual realizan sus labores de investigación y docencia.

La doctora Ana Jaramillo, quien fundó en 1995 y dirige la Universidad Nacional de Lanús, es impulsora de este proyecto en Argentina. Siempre digo que las universidades tienen disciplinas y las sociedades tienen problemas, por eso nunca terminan por juntarse, señala.

La idea del proyecto consiste en desterrar el concepto de universidad-claustro, cumplir la recomendación de la Unesco de que las universidades del siglo XXI sean transdisciplinarias, y principalmente ayudar al Legislativo en la expedición de normas donde es cada día más demandante el componente científico y tecnológico.

De visita en México para participar en actividades académicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde se doctoró cuando vivió aquí como exiliada política, la rectora Jaramillo comenta a La Jornada que el único antecedente en Latinoamérica de una institución académica con facultad para proponer iniciativas de ley es la Universidad de San Carlos, en Guatemala.

Expone, asimismo, la experiencia de la Universidad Nacional de Lanús, donde la oferta académica y la investigación se armaron a partir de campos epistemológicos por problemas y no por disciplinas. Ubica el caso del Departamento de Salud Comunitaria, donde se forman los trabajadores sociales, los especialistas en educación física, en salud mental comunitaria, entre otros, con la idea de que lo fundamental no es la medicina, sino la salud.

Ana Jaramillo se refiere entonces al gran conflicto mexicano, y de todo el continente: la seguridad pública. En mis clases explico que cuando se crearon las universidades, lo importante era la seguridad del príncipe, porque no había ciudadanos. Hoy no se trata de amaestrar cocodrilos o de construir puentes levadizos (para proteger a las monarquías), sino de aprender cómo se la provee a la gente.

Entonces, hoy se debe contextualizar el problema de la seguridad ciudadana. Y en eso debe ocuparse la universidad y no sólo en discutir si es mejor Marx, Hegel, Kant o Foucault. Hacer hermenéutica social, interpretar los cambios morfológicos de la sociedad y tratar de enfocar la investigación no sólo en el descubrimiento de qué es, sino cómo se resuelve un asunto como ése.

En Argentina, desde 1949 y por decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, la enseñanza universitaria pública es gratuita. La iniciativa pretende que los más de 100 mil científicos y académicos argentinos ubicados en las universidades y pagados por el pueblo se ocupen también de pensar, densificar y hacer propuestas sobre temas específicos.

Está, por ejemplo, el tema bioético: tenemos expertos, maestría en bioética, personal que coordina los comités respectivos en los hospitales. Y el legislador no tiene por qué saberlo todo. No menoscabamos su capacidad de decisión, pues finalmente serán quienes digan sí o no. Tampoco se invade la autonomía universitaria, porque no sería obligación de estas casas de estudio presentar las propuestas, pero sí ejercer el derecho y el compromiso de colaborar con la nación.

La rectora Jaramillo no advierte la posibilidad de crear conflictos o intereses políticos en las universidades si se les concediera la facultad de proponer leyes. Nuestros legisladores están acosados por cabilderos de empresas privadas y por intereses muchas veces espurios. Y en las universidades éstos no existen, no tienen intereses sectoriales, no son una empresa ni tienen provecho de capital; en suma, son menos corrompibles. No se benefician de nada contribuyendo a las políticas públicas, puntualiza.

Hoy, concluye, la propuesta es estudiada por el Consejo de la Magistratura de su país, y representantes del Poder Legislativo ya la analizan.