ntre los resultados inmediatos de la Caravana al Sur se encuentra haber construido un puente visible entre los viejos agravios del poder y la nueva inseguridad pública. Familiares de las víctimas de la guerra sucia que exigen justicia, comunidades indígenas que padecieron la represión de paramilitares y Ejército se encontraron y reconocieron con los parientes de los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Durante el recorrido, el clamor por detener la guerra que comenzó a escucharse en Ciudad Juárez se fundió con las denuncias de añejos y nuevos abusos de soldados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Antes de que el Ejército saliera a las calles de Chihuahua, Nuevo León o Sinaloa, patrullaba ya muchas regiones indígenas y había convertido a Chiapas en un inmenso cuartel. La novedad de la caravana fue que le dio la historia y contexto del sur a la actuación de las fuerzas armadas en el norte.

El encuentro entre ambos agravios no fue siempre fácil. Si una de las primeras bajas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón han sido los derechos humanos, en el sur profundo su violación es un hecho histórico y frecuente. Antes, a lo que ahora que ha adquirido carta de naturalización se le llama violación a los derechos humanos, se le nombraba represión gubernamental. Y muchas organizaciones populares que en el sur luchan por demandas inmediatas la sufrieron y la siguen viviendo. Ellas tienen un lenguaje, una cultura organizativa y una identidad construidas a lo largo de muchos años que son diferentes a los del Movimiento por la Paz y al de Javier Sicilia. De manera que, en ocasiones, algunos actos parecieron convertirse en una moderna versión de la Torre de Babel, en la que esclarecidas vanguardias se empeñaron en mostrar a los caravaneros la verdadera ruta al Palacio de Invierno.

A pesar de ello, en diversos puntos del extenuante recorrido, caravaneros y organizaciones populares debatieron sobre un cuestionario esclarecedor del que saldrá un diagnóstico más o menos compartido. Las preguntas a las que buscaron dar respuesta son: ¿Cómo nos está afectando la Guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo estamos enfrentando la guerra? ¿Cómo nos estamos organizando para detenerla? ¿En qué coincidimos y en qué no coincidimos en nuestras estrategias para frenarla? ¿Qué actos de acción y resistencia podemos hacer juntos para detener la guerra y construir la paz?

La caravana mostró públicamente la grave inseguridad que viven los pueblos indígenas, los migrantes indocumentados centroamericanos y los pobres de México. El secuestro y la extorsión no son privativos de los sectores acomodados. Maestros, trabajadores asalariados y campesinos deben pagar cuotas a delincuentes para conservar sus vidas y sus pequeños patrimonios, en un siniestro pacto de impunidad, en el que los criminales actúan protegidos por autoridades y policías.

La caravana también evidenció que algunas de las más exitosas experiencias de autodefensa son obra de pueblos y comunidades indígenas que luchan por su autonomía. En ellas está la semilla de otro futuro. A pesar del acoso de paramilitares y de la presencia hostigante del Ejército, en las regiones zapatistas se vive un clima de seguridad público inusitado en el resto del país. En la Montaña de Guerrero, la policía comunitaria ha logrado reducir los índices delictivos a niveles mínimos.

La caravana recordó la enorme deuda que la nación tiene con los pueblos indígenas. A pesar de que el Ejecutivo firmó los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, el 16 de febrero de 1996, en representación de los Tres Poderes, siguen sin cumplirse. La reforma constitucional sobre derechos indígenas aprobada en 2001, con el apoyo en el Senado de todos los partidos políticos, fue una burla. La reforma abrió una brecha profunda entre la clase política y el país real, y creó las condiciones para la crisis de representación que se vive actualmente.

La caravana pidió perdón a los emigrantes indocumentados centroamericanos, que diariamente viven en territorio nacional abusos policiacos, humillaciones, extorsiones, y todo tipo de muestras de racismo y xenofobia. Los caravaneros hicieron así lo que gobierno federal debió haber hecho hace mucho tiempo. Como señaló Javier Sicilia, entre los logros de la movilización se encuentran el visibilizar ese dolor que es una vergüenza para la nación, el visibilizar la gran labor que está haciendo gente que es la reserva moral de este país, el padre Solalinde.

La caravana rechazó la pretensión de varios gobernadores de tomarse la foto con ella. Al hacerlo perdió fuerza en los medios de comunicación, pero ganó en autoridad moral y confianza entre las organizaciones populares y comunidades. Los encuentros con los mandatarios locales habrían sido generosamente divulgados por sus aparatos de comunicación social, pero habrían provocado desconfianzas y recelos entre actores importantes.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha logrado modificar el discurso gubernamental sobre la guerra contra el narcotráfico. Aunque sea en el terreno declarativo, las víctimas son hoy una preocupación oficial, cuando antes eran sólo sospechosos de simpatizar con el narcotráfico. No ha logrado, sin embargo, modificar ni un ápice la decisión presidencial de seguir adelante con su estrategia de militarizar el país. El hecho no podrá ser soslayado cuando a fines de este mes se celebre el segundo diálogo entre el movimiento y Felipe Calderón.