Un mecanismo ideado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dotar de mayores fuentes de financiamiento a los gobiernos estatales se convirtió en filón de negocio para grupos privados, entre ellos Protego Asesores, la firma del ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.

Los pasivos estatales se han disparado en los años recientes. Entre 2000 y 2011 se triplicaron. Ello ocurrió aun con la intervención de los asesores privados, cuya participación debía servir precisamente para reducir la carga de la deuda en las haciendas estatales, según se desprende de información oficial y de testimonios recogidos por este diario.

El Gobierno del Distrito Federal contrató a Protego Asesores en 2007 para buscar una restructura de la deuda de la administración capitalina. La firma de Pedro Aspe Armella aceptó el trabajo a cambio de 100 mil pesos mensuales de honorarios más una comisión de éxito, en un contrato que venció en 2010. Testimonios recabados por La Jornada indican que el costo de la asesoría para restructurar llegó a 100 millones de pesos. El endeudamiento del gobierno de la ciudad de México creció de 44 mil 85.9 millones de pesos en diciembre de 2006 a 52 mil 162.4 millones en junio de este año, 18 por ciento más, de acuerdo con la SHCP.

Un caso similar es el del estado de México, otra de las entidades que emplearon los servicios de Protego. En 2005, la deuda del gobierno local sumó 31 mil 790 millones de pesos, cifra que creció 19 por ciento hasta situarse en 37 mil 854 millones de pesos en junio pasado, según los datos de la Secretaría de Hacienda.

En la administración estatal pasada, el gobierno de Sonora pagó a Protego 30 millones de pesos por la asesoría para restructurar una deuda que hoy alcanza 13 mil 359 millones de pesos y que en 2000 era de cuatro mil 936 millones. Esta firma, a la vez, está buscando un contrato para asesorar al gobierno de Zacatecas en la restructura de sus pasivos, que ascienden a mil 783 millones de pesos –seis veces más que hace siete años–, según confirmó este diario en la Secretaría de Finanzas de esa entidad. Hasta ahora ese contrato no se ha firmado.

Gobiernos de todos los signos políticos han participado en los mecanismos para obtener financiamiento mediante el mercado bursátil mexicano. Son también de todas las orientaciones políticas los gobernantes estatales que se han acercado a empresas como Protego que, por un lado, orientan en la restructura de pasivos, ayudan a contratar nuevo endeudamiento y, al mismo tiempo, ofrecen asesoría en acciones para llevar a la iniciativa privada a prestar servicios públicos en las entidades federativas.

La Jornada solicitó a Protego información sobre los gobiernos estatales a los que asesoró en el pasado y a los que asesora actualmente, así como el costo de sus honorarios. La empresa respondió mediante un vocero que ambas informaciones son de carácter confidencial. Cada uno de los contratos con administraciones estatales es particular, pero la constante es que los plazos de vencimiento de la deuda se alargan y el costo del financiamiento, la tasa de interés, se reduce, agregó. Confirmó que el grupo financiero del ex secretario Aspe cobra a sus clientes unos honorarios mensuales más una comisión de éxito en función del monto restructurado.

Una comisión por restructura usual en el mercado mexicano es de 0.5 por ciento del monto total restructurado.

El plazo promedio de la deuda del Gobierno del Distrito Federal se extendió de nueve años en 2007 a 24 en 2011; la del estado de México, de 14 a 20 años, y la de Sonora, de 13 a 17 años, por citar tres casos que han restructurado con asesoría de Protego, de acuerdo con datos de la SHCP.

Transferencia de recursos

La deuda de los estados de la República, tema que llevó a la confrontación pública a los partidos Acción Nacional, en el gobierno, y Revolucionario Institucional, que forma mayoría en el Congreso, creció a casi el triple en la década pasada, de acuerdo con datos oficiales. El monto de estos pasivos subió de 90 mil 731 millones de pesos en diciembre de 2000 al nivel máximo histórico de 316 mil 704 millones de pesos en junio pasado, un incremento de 249 por ciento, menciona información de Hacienda.

Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas. Imagen de archivoFoto Yazmín Ortega Cortés

El endeudamiento de los estados comenzó a dispararse cuando la Secretaría de Hacienda abrió a las administraciones locales la posibilidad de contratar pasivos en los mercados accionarios y dejar en garantía las participaciones federales futuras, explicó Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Hacienda de San Lázaro. Eso ha llevado a que un gobierno como el del Distrito Federal pague 100 millones de pesos por restructurar una deuda que, sin embargo, no ha disminuido, dijo.

La participación de una empresa como Protego en los mecanismos financieros de que se han valido gobiernos estatales de todo signo político en los años recientes para obtener financiamiento bursátil, y dejar en garantía las participaciones federales futuras, también llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización del Congreso.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2009, la más reciente hasta ahora, la ASF encontró que durante ese año recursos públicos destinados a entidades federativas fueron transferidos a Protego para que este intermediario financiero realizara operaciones de contratación de deuda por cuenta de los gobiernos locales, sin que resulte claro el beneficio para el gobierno de una operación de este tipo.

Existe un Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que utiliza recursos depositados en un fideicomiso para compensar a los gobiernos locales cuando disminuye la recaudación de ingresos participables, respecto de los calculados en la ley de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Señala la ASF que en el ejercicio fiscal de 2009 se dispuso de recursos por 25 mil 403 millones de pesos del patrimonio del FEIEF. Con 13 mil 289.4 millones de pesos de ese total, la SHCP y los gobiernos estatales acordaron un mecanismo financiero, para lo cual dichos recursos se depositaron en Protego Casa de Bolsa, que fungiría como fiduciaria de un fideicomiso privado.

Los fideicomisos privados no pueden ser auditados por la ASF.

Con los recursos depositados en su casa de bolsa, Protego adquirió 13 pagarés emitidos por el gobierno federal en la cantidad de 13 mil 252.8 millones de pesos (ya hay una diferencia de 36.6 millones respecto del monto original dispuesto). El valor de esos pagarés, que vencen el 9 de septiembre de 2022, es de 40 mil millones de pesos, fecha en que deberá ser cubierto ese importe.

Agrega el reporte de la ASF que la diferencia entre 40 mil millones de pesos, valor nominal de los pagarés, y 13 mil 252.8 millones de pesos implica una tasa de descuento anual de 8.869 por ciento y representó un costo de 26 mil 747.2 millones de pesos, que fue absorbido por el gobierno federal con cargo a los resultados del ejercicio 2009.

La liquidación de los pagarés emitidos ocasionará que en 2022 se tenga que disponer de recursos presupuestales para hacer frente al pago de 40 mil millones de pesos, en menoscabo de la atención de otras necesidades. Por lo expresado, no resulta claro el beneficio financiero para el gobierno federal de esta operación, que implicó el registro de un gasto no considerado en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y que no se realizó para el cumplimiento de una obligación previamente asumida, afirma la ASF.