El control y la detección temprana del cáncer cervicouterino es una de las estrategias prioritarias de la Secretaría de Salud (Ssa), pero sufrió un recorte. La plaza de la subdirectora que se encargaba de coordinar las acciones en la materia fue suprimida y, de acuerdo con la información oficial, fue para cumplir con el Programa Nacional de Reducción de Gasto de la Secretaría de Hacienda, vigente desde marzo de 2010.

La enfermedad es en el país la segunda causa de muerte de mujeres por tumores malignos, principalmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza y marginación, lo que les ocasiona dificultades para acceder a los servicios de salud. Por ello, y porque aún está en proceso el fortalecimiento de las medidas preventivas y detección del padecimiento, para las organizaciones sociales resulta incomprensible la decisión.

Más bien parece que la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), Olga Georgina Martínez, quiso limpiar el camino para poder manejar las acciones del programa a su gusto, en particular para cambiar al proveedor de las pruebas de detección de virus de papiloma humano (VPH), principal precursor del cáncer cervicouterino, dijeron.

Explicaron que el avance de la tecnología permitió mejorar los estudios de detección del VPH en sus etapas iniciales, antes incluso de que se manifieste en alguna lesión en el cuello de la matriz, etapa en la que el virus es detectado con el estudio del Papanicolau.

La prueba de VPH –de biología molecular– está disponible desde hace un par de años y se procesa por el sistema de captura de híbridos.

Para llevarlo a las mujeres en las zonas de menor índice de desarrollo humano fue necesario adecuar las instalaciones de los 13 laboratorios regionales y capacitar al personal, entre otras medidas. Ahora, la titular del CNEGSR pretende tirar ese trabajo para aceptar a otro proveedor de la prueba que ofrece un método de análisis distinto, conocido como PCR, más costoso y aparentemente más efectivo, afirmaron las activistas.

Proyecto que justificaría gastos mayores

Olga Georgina Martínez aclaró que este es un proyecto todavía en estudio, pero la efectividad del examen y su precisión para determinar el tipo de VPH presente en la muestra justificaría un gasto mayor.

En entrevista, la funcionaria reconoció que con la supresión de la plaza con nivel de subdirección que tuvo Raquel Espinosa hasta julio pasado, tendrá que darse una reasignación de funciones dentro del CNEGSR. Dijo que implicará aumentar el trabajo del personal.

También admitió que aunque el programa de cáncer cervicouterino es el que desde 2008 recibe el mayor monto de recursos económicos, por las ampliaciones presupuestales que cada año impulsan las diputadas, reporta varias fallas, como una lenta reducción en la mortalidad

Si bien ha disminuido la mortalidad por esta enfermedad –10 por ciento en los pasados tres años–, México reporta una prevalencia tres veces mayor que la de Canadá y Cuba. Eso habla de las fallas, subrayó y así justificó la decisión de cancelar la plaza de la subdirección de cáncer cervicouterino.

Martínez recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que para disminuir la frecuencia de la enfermedad de más de 90 por ciento, es necesaria una cobertura de 80 por ciento en las pruebas de detección. México está en 73 por ciento.

La prueba de VPH contribuirá a mejorar el indicador, explicó, y sobre el cambio en el método de análisis de las muestras que se toman las mismas mujeres, la funcionaria comentó que la decisión se tomará en la licitación de 2012, con base en los resultados del programa piloto que ya realiza el Issste para verificar si el sistema de PCR es superior al método de captura de híbridos.

En cualquier caso, el contrato se asignará al laboratorio que ofrezca el precio más bajo, dijo Olga Georgina Martínez, aunque luego rectificó para señalar que si el método de PCR demuestra ser más eficaz, valdría la pena un gasto mayor.

Actualmente, el sistema de captura de híbridos cuesta 125 pesos por prueba, mientras el de PCR vale 250, indicó. En 2011, el CNEGSR dispuso de 208 millones de pesos para realizar los exámenes clínicos, incluido el Papanicolau. En los pasados tres años se realizaron 7.5 millones de estudios, de los cuales 1.9 millones fueron pruebas de VPH.