En 28 estados de Estados Unidos se presentaron iniciativas similares a la SB1070 de Arizona, como parte de la ola antimigrante que se vive en el vecino país del norte, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al analizar el debate migratorio que se registra en esa nación, la dependencia agregó que el avance y la naturaleza de las propuestas han sido desiguales, como también lo son sus consecuencias políticas y económicas para quienes las han promovido. Por ejemplo el senador Russel Pearce, de Arizona y redactor de la ley SB1070, tuvo que enfrentar la oposición de grupos sociales que recaudaron las firmas necesarias para iniciar un proceso de destitución en su contra.

Las pérdidas del sector turismo de Arizona representan aproximadamente 141 millones de dólares, como consecuencia del boicot que se inició contra el estado, mientras que el gobierno local ha tenido que gastar 1.9 millones de dólares en su defensa contra las demandas presentadas.

Elaborado por la subsecretaria para América del Norte, el análisis de la cancillería señala que si bien se han aprobado leyes contrarias a los intereses de las comunidades mexicanas y violatorias de sus derechos, la mayoría de ellas están temporalmente detenidas por las cortes.

Los estados donde se promulgaron leyes antimigrantes, similares a la SB1070, son los de Alabama, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur, y de ellos, en el último, aún no se ha logrado suspender de manera provisional los elementos medulares de la norma.

Como parte de su revisión, destaca que la Casa Blanca ha presentado demandas en dos casos y su rechazo político a otras propuestas similares fue claro, además de que se han conformado coaliciones locales en favor del reconocimiento de las contribuciones de los migrantes y la defensa de sus derechos. Sumado a ello, los principales diarios nacionales han sido críticos de estas leyes.

Respecto al gobierno de México, destaca que ha reaccionado de manera oportuna y decidida dentro de lo permitido por el sistema estadunidense. Refiere así, que ha apoyado cada demanda de la sociedad civil y de Washington en contra de dichas normas, presentando escritos amicus curiae (de amigo de la corte), con un amplio respaldo de países latinoamericanos.

También ha expresado su condena y grave preocupación por las potenciales consecuencias de estas legislaciones en la población; ha difundido oportunamente información al respecto; mantiene intensa interlocución con las autoridades estatales, locales y otros actores importantes, cámaras empresariales, iglesias y medios de comunicación, y fortaleció las plantillas consulares para apoyar a los conacionales.

En su análisis, la SRE puntualiza que tan sólo en Arizona en la legislatura 2011 se registraron más de 30 iniciativas contrarias a los intereses o derechos de las comunidades mexicanas. La gran mayoría fueron derrotadas. Entre estas últimas se encuentra la SB1611 (ómnibus), mucho más severa que la SB1070, que entre otras disposiciones, buscaba revocar la ciudadanía de hijos de indocumentados, negar acceso a educación de menores si sus padres no podían presentar un certificado de nacimiento estadunidense o documento de naturalización, e impedir la atención en hospitales, incluyendo salas de emergencia, si no se confirmaba el estatus migratorio legal de una persona.

Otra iniciativa que se rechazó fue la SB9 de Texas, que preveía que las agencias de procuración de justicia verificaran el estatus migratorio de los detenidos. La propuesta fue impulsada por el gobernador Rick Perry, quien enfrentó la oposición de alcaldes, empresarios, organizaciones religiosas, grupos de derechos civiles y de los migrantes, así como de cuerpos policiacos. La iniciativa fue aprobada en el Senado de Texas, pero ya no fue llevada a votación en el pleno de la Cámara de Representantes.