Presupuesto rural ¿continuidad o cambios

FOTO: International Maize and Wheat Improvement Center

Olegario Carrillo Meza

El presupuesto rural sufrió una brusca restructuración en los 80s, cuando fueron eliminados los subsidios a la producción y se desmantelaron las instituciones de apoyo al campo. Se trató, en esencia, de un alineamiento de las políticas públicas a las directrices del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a los dictados de organismos externos como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Con este diseño presupuestal, se concentraron los recursos en sólo tres programas eje: Procampo, con el cual los apoyos se desvincularon de la producción; Pronasol, que concentró el llamado combate a la pobreza, y Procede, al cual se asoció lo agrario. Fueron las llamadas tres “P” que en el sexenio de Carlos Salinas transformaron la política pública rural.

Si bien cada sexenio se habla de nuevos programas, en lo fundamental se trata sólo de cambios para identificar el presupuesto con la administración en turno. Por ejemplo, la Alianza para el Campo de la administración de Zedillo se transformó en Alianza Contigo con Fox y en Adquisición de Activos Productivos con Calderón, y para responder a los cambios del secretario del ramo, ahora se denomina Programa de Inversión e Infraestructura Rural.

El Procampo continúa concentrando la mayoría de los recursos de la Secretaría de Agricultura, con un efecto regresivo en la población rural, ya que otorga más apoyo a los productores más pudientes. Según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), diez por ciento de los productores –los más grandes– concentran 45 por ciento del Procampo y 80 por ciento del Ingreso Objetivo.

El Pronasol se transformó en Solidaridad y éste en Oportunidades, manteniendo la esencia de una política de apoyos asistencialista, y es el programa con más recursos para el campo.

Si bien el presupuesto rural mantiene una tendencia creciente año con año a partir de 1999, y se elevó 150 por ciento al pasar de 117 mil 144 millones de pesos en 2003 a 294 mil 526 millones en 2011, los resultados no son congruentes.

Derivado de una serie de políticas que no están asociadas a metas de producción, tenemos un considerable incremento en la dependencia alimentaria: 42 por ciento de lo que consumimos es importado, según la Auditoria Superior de la Federación.

Lo grave es que tenemos una gran ineficiencia en el gasto público del campo. Según Luis Gómez Oliver, consultor externo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México ocupa el último lugar en eficiencia del gasto rural en América Latina. Es el país que más invierte y que menos resultados obtiene. Y de acuerdo con el informe del relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, el presupuesto rural no está dirigido a las zonas más marginadas, los municipios más pobres ni las regiones menos desarrolladas.

Cambiemos el modelo agroimportador de alarmante dependencia alimentaria. Pasamos de importar dos mil180 millones de dólares antes del TLCAN a 23 mil 362 millones en 2008, esto es diez veces más en sólo 15 años.

Lo grave es que si comparamos esas importaciones de 2008 en pesos (292 mil 25 millones) contra el presupuesto total autorizado en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) para ese año (204 mil millones de pesos), resulta que éstas fueron 88 mil 25 millones superiores al presupuesto, incluyendo gasto en educación, administración, social, salud, laboral, financiamiento, etcétera. Si realizamos la comparación sólo con el gasto productivo (17 por ciento del PEC), las importaciones fueron casi diez veces mayores.

Para 2010 la situación también fue alarmante, cuando el PEC fue de 269 mil 79 millones de pesos. De ellos, 47 mil 743 millones fueron de gasto productivo y tuvimos importaciones seis veces mayores a ese monto, por 263 mil 450 millones de pesos.

Nuestra propuesta principal es que para 2012 se logre un cambio estructural y cualitativo en el presupuesto rural, más allá de un simple incremento de montos.

1.- Es necesario reconocer el derecho constitucional a la alimentación en el presupuesto 2012. Ello significa la reorientación de políticas, de programas y montos para atender el grave problema alimentario que vive el país.

2.- Se debe modificar la estructura programática del PEC 2012 con la creación del “programa nacional de alimentación” (PNA). Sería integrado por los recursos de 13 programas del PEC que se deben fusionar y coordinar.

El PNA es una iniciativa de producción social de alimentos a nivel local, es un cambio de paradigma en torno a la producción y distribución de alimentos y busca resolver la gran contradicción de que en el campo se producen los alimentos y ahí es donde se concentra la pobreza alimentaria, la desnutrición y el hambre. El 81 por ciento de la población rural es pobre y en el medio rural viven 20 de los 28 millones de mexicanos que padecen hambre.

Con el PNA se buscaría también reducir en 30 por ciento la dependencia alimentaria, estableciendo módulos de producción para el consumo local, pero sobre todo definiendo metas específicas en la aprobación del presupuesto rural.

El PNA reactivaría el campo y fomentaría el empleo mediante sus componentes, que son: la incorporación de un promotor alimentario por cada 20 comunidades; campañas de educación alimentaria; un impulso al cambio tecnológico vía la adopción de tecnologías medias; la protección de los recursos naturales y el ambiente, con tecnologías alternativas como la energía solar y cosecha de agua, y brindar opciones a los jóvenes rurales vía los módulos productivos.

3.- Contar con un presupuesto rural que se incremente en términos reales y compense la inflación esperada, llegando a un total de 318 mil 986 millones de pesos.

4.- Crear el “fondo nacional para la alimentación rural”, integrado con recursos no aplicados de ejercicios anteriores o subejercicios, tanto del gobierno federal como de los fideicomisos estatales.

5.- Crear el “instituto mexicano de la alimentación”, como un organismo público autónomo encargado de garantizar una alimentación sana, suficiente y de calidad y que permita atender las necesidades nutricionales de la población, como instancia encargada de instrumentar la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación. Esto, en congruencia con otras reformas constitucionales que propiciaron la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Federal Electoral, y la adecuación de la Comisión para la Atención y Desarrollo de los Pueblos Indios.

Es un tema nodal que los recursos públicos destinados a la atención de la pobreza dejen de ser entregados por la autoridad municipal, estatal o federal incrementando año con año su padrón, pues eso le da un carácter clientelar y anula la eficiencia del gasto. Necesitamos un organismo autónomo, profesional, ajeno a los partidos políticos, con metas específicas, con padrones definidos de atención.

El instituto permitiría lograr el otro objetivo hasta ahora ignorado por la lógica gubernamental, que es la concurrencia de recursos y programas. Lo que hay ahora es una descoordinación institucional y una competencia entre los diferentes niveles de gobierno.

6.- Y por último, pero no menos importante, es necesario restablecer el Programa de Recuperación de Tierras Ejidales y Comunales, iniciado en el 2009.

Dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas

Tercera vía para el movimiento rural

Luis Meneses Murillo

Como movimiento campesino e indígena, enfrentamos retos:

• Las políticas del gobierno federal, de origen panista y conservador, que no muestran una estrategia para el desarrollo rural, ni para enfrentar el problema del hambre, mucho menos para mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores y de los indígenas. Estos gobiernos no tienen meta alguna de producción de cereales, mucho menos de mejoramiento de los recursos naturales.

• Las posiciones de los partidos políticos que, en el caso del PRI y del PRD, consideran a las organizaciones campesinas e indígenas como estructuras para los procesos electorales; y en el caso del PAN, como un mal necesario que hay que desaparecer, y por eso aplica políticas, desde el gobierno federal, para fortalecer despachos de servicios y para fragmentar a las propias organizaciones.

• El fortalecimiento del movimiento campesino y de las organizaciones existentes, para permanecer, consolidar sus estructuras locales y regionales y formar nuevos liderazgos que conduzcan al movimiento en pro de la producción de alimentos para, primero, erradicar el hambre y superar la pobreza y miseria creciente en los pueblos rurales. Asimismo construir un amplio proceso de convergencia y unidad de acción, al menos con las organizaciones de izquierda.

• Revertir las políticas neoliberales, en cuyo marco se ha agudizado la pobreza en el campo; ha emigrado más de medio millón de mexicanos por año; dependemos de importaciones de 50 por ciento de los alimentos básicos; y, con la Ley Agraria de 1992, a ejidos y comunidades se les ha despojado de autonomía para controlar sus territorios, se puso en circulación mercantil las tierras rurales y se anularon todos los instrumentos gubernamentales para el fomento rural. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el instrumento que condensa esta situación de dependencia alimentaria, de destrucción económica y de debilitamiento de los ejidos y comunidades y de los pequeños productores.

• Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos campesinos, de mujeres, de jóvenes y de los pueblos indígenas, para revertir las políticas públicas que los marginan, a fin de que se conviertan en actores principales del desarrollo en el campo.

• Construir enlaces horizontales y estructurales con organizaciones no gubernamentales (ONGs) que quieran estar al servicio del movimiento rural en México.

• Apoyar las expresiones políticas de izquierda, que nos conduzcan a instaurar gobiernos locales, estatales y nacional, con carácter progresista y democrático, donde la equidad y la justicia sean una realidad.

Las estadísticas reflejan el abandono que sufre el campo, debido a las políticas gubernamentales de los 28 años recientes. El 57 por ciento de la población padece pobreza y siete de cada diez de éstos viven en el campo; 28 millones de mexicanos padecen hambre y de ellos 20 millones son campesinos e indígenas; 40 por ciento de los niños padecen algún tipo de desnutrición; 600 mil mexicanos emigran cada año a Estados Unidos (EU). Actualmente importamos 12 millones de toneladas de maíz, y de lo que consumimos, viene del exterior 95 por ciento del frijol soya; 80 del arroz, 56 del trigo, 33 del frijol y 40 por ciento de carne de res y cerdo. De 1982 al 2009 el gasto público para el sector agropecuario disminuyó de 9.9 al o.6 por ciento del Producto Interno Bruto, y la inversión pública, del 1.48 al 0.15 por ciento; en ese mismo lapso las importaciones agropecuarias, procedentes principalmente de EU, pasaron de dos mil 756 millones de dólares a 18 mil 400 millones y en 2010 la cifra estimada es de casi 25 mil millones de dólares.

Esto evidencia que los gobiernos federales han sido entreguistas, responsables del deterioro del campo, provocadores de la pobreza y miseria campesina e indígena y beneficiadores de los grandes agricultores, agrupados en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y de las trasnacionales, como Cargill, la cual se beneficia año tras año con 500 millones de pesos de subsidios (en coberturas) por comercializar con cereales en nuestro país.

Hoy el movimiento campesino e indígena y sus organizaciones están disgregados.

En la vertiente de la izquierda se encuentran organizaciones que pertenecen al Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp); al Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc); la CNPA, UNORCA, El Barzón, la UNTA y la UCD. Asimismo, mayoría de las organizaciones locales y regionales que no tienen referente nacional, como los pueblos de la sierra y costa chica de Guerrero agrupados en torno a su organismo CRAC, de “policía comunitaria”; organizaciones populares como la APPO y sus vertientes estatales de este movimiento (Oaxaca, Guerrero y Michoacán) y Afectados Ambientales; también, los Consejos Indígenas creados después del surgimiento del EZLN. Todos éstos son presionados, en particular en momentos electorales, por los gobiernos federal y estatales, por los diferentes partidos políticos, por las decisiones de alguno de sus dirigentes para ocupar cargos públicos. Tales presiones han reproducido la disgregación del movimiento y limitan la capacidad de respuesta del movimiento para enfrentar a los gobiernos y los retos señalados arriba.

Ante esto proponemos impulsar un amplio movimiento de convergencia, que se base en fortalecer a cada una de las organizaciones existentes y a sus agrupamientos nacionales; que se fundamente en la organización desde los pueblos rurales; que construya propuestas de políticas públicas y que se atreva a implementarlas, aun cuando los gobiernos caminen en sentido contrario; que luche por cambiar los gobiernos conservadores y derechistas a partir de la defensa del sector rural, de la vida campesina e indígena, de sus territorios y recursos naturales y de la preservación de las semillas criollas. Un movimiento que defienda con orgullo el producir en nuestro país los alimentos que requieren sus habitantes. Y para ello, la propuesta de estrategias es:

1.- Construir y consolidar procesos en cada organización ya existente, de fortalecimiento de la autonomía e independencia de sus organizaciones de base en cada localidad, pueblo o comunidad. Que fortalezcan la producción de alimentos, practiquen la democracia participativa, discutan y tomen decisiones respecto de las nefastas políticas gubernamentales actuales y construyan una estrategia de amplia convergencia del movimiento rural y con los pobres del país. Es decir construyamos “fuerza rural” desde las comunidades con el objetivo de cambiar el actual rumbo del país.

2.- Convocarnos como organizaciones campesinas e indígenas y rurales, nacionales o regionales, a realizar eventos, foros y movilizaciones, para construir un “programa nacional de los campesino e indígenas”, que oriente nuestras luchas y acciones y que ese sea el motivo para encontrarnos. Pongamos por delante los intereses y necesidades de las mujeres y hombres del campo, de los pueblos rurales, de las comunidades y pueblos indígenas y dejemos para otro momento nuestras diferencias políticas electorales, de competencia organizativa y de capacidad de gestión. La propuesta es que a más tardar el 28 de noviembre de 2011 realicemos un gran congreso nacional rural en el que acordemos el programa nacional mencionado. No se trata de fusionar organizaciones; sólo construiremos la propuesta que dé rumbo al movimiento campesino e indígena, para que todos nos fortalezcamos y para combatir las políticas de los gobiernos derechistas y conservadores.

Para iniciar la discusión proponemos los siguientes ejes temáticos:

• Que el campo y los campesinos e indígenas sean prioridad en el desarrollo nacional.

• Impulsar una reforma rural integral y sustentable, que contemple: la agricultura multifuncional; creación y fortalecimiento de instrumentos comerciales, de finanzas rurales populares, de asesoría técnica y transferencia de tecnologías; una política social que enfrente la pobreza, promueva la educación, la salud y el mejoramiento de la vivienda; y una reforma jurídica que garantice la propiedad social de la tierra y de nuestros recursos naturales.

• Reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho; garantizar su autonomía, su desarrollo propio y su cultura.

• Promover la bioseguridad alimentaria y la protección a la biodiversidad de los recursos naturales. Nos oponernos al uso de semillas transgénicas y a la producción de biocombustibles usando alimentos como el maíz.

• Apoyar la organización de los trabajadores migrantes y sus familias, en sus derechos laborales y humanos.

• Fortalecer y fomentar a las organizaciones campesinas e indígenas, con especial énfasis en la integración de las mujeres y los jóvenes.

• Fortalecer la integración local, comunal, ejidal y de pueblos indígenas como espacio para crear fuerzas rurales para el cambio de rumbo del país.

• Realizar una reforma institucional bajo el diseño de nuevas entidades gubernamentales que se coordinen para atender al campo, que faciliten el acceso a los recursos públicos y que orienten sus programas al fortalecimiento de los campesino e indígenas, de sus pueblos rurales y de sus organizaciones locales, estatales y nacionales.

• Establecer un vinculo permanente y de respeto con las ONGs, académicos e investigadores rurales que se comprometan con este movimiento campesino e indígena.

Ex secretario general de la UNORCA

¿Qué queremos para el campo?

Patricia Arendar Directora ejecutiva de Greenpeace México 1) Lamentablemente lo que le espera al campo es el abandono debido a una política entreguista de los recursos. En el campo han crecido la pobreza, la violencia y la inseguridad. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se abrieron las fronteras a la importación indiscriminada de maíz y frijol de Estados Unidos, lo cual ha minado la producción nacional y nos ha forzado a consumir granos de baja calidad al precio que deciden las trasnacionales de alimentos. Y funcionarios de Agricultura y Medio Ambiente han buscado allanar el camino a las corporaciones de transgénicos, poniendo en riesgo de contaminación por flujo génico la gran diversidad de maíces que alberga México. Dado que la mayor parte de la producción de maíz en México es de temporal, este cultivo será el más afectado por el cambio climático, particularmente en primaveraverano. Según expectativas de los institutos Nacional de Ecología y de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, entre 2020 y 2025, las lluvias estivales disminuirán, con consecuencias negativas para la agricultura de temporal, y sobre todo, el maíz. En las décadas posteriores al 2025, se pronostica una mayor escasez de agua para la producción de cultivos debido a la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, y eso amenazará seriamente a los cultivos de riego. Los impactos serán seguramente más severos en el norte y noroeste, pero habrá una presión creciente sobre los recursos de agua en todo el país. 2) Quisiera cambios radicales en el sector agrícola. Definitivamente la respuesta para incrementar la producción del campo no está en los transgénicos, sino en la diversidad de semillas. Invertir en una tecnología extremadamente costosa, como los transgénicos, que no tiene ninguna capacidad para enfrentar el reto del cambio climático, es arriesgado y poco sensato. Ninguna variedad transgénica ha sido creada con una tolerancia más alta al calor, ni tampoco a los estreses hídricos y térmicos. Requerimos adaptar la agricultura mexicana a las condiciones del cambio climático, con miras a preservar la producción alimenticia y de autoconsumo en las áreas rurales. Debemos combatir la dependencia alimentaria y el hambre con una producción campesina e indígena, con políticas públicas favorables al desarrollo sustentable, de un agro con campesinos. 3) ¿Cómo contribuir? Fortaleciendo nuestra campaña de agricultura, informando y sensibilizando, tanto a productores como a consumidores para formar un gran frente que exija la creación de políticas públicas a favor de una agricultura sustentable basada en la biodiversidad, que proteja los bosques y otros ecosistemas naturales, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, promueva la salud de los suelos y el agua, use menos fertilizantes y plaguicidas, que sea libre de transgénicos, que promueva un comercio justo y la seguridad y soberanía alimentaria para todas y todos.

Carlos Zarco Mera Director ejecutivo de Oxfam México 1) Hay una desatención desde hace décadas y hoy convergen factores globales: ambas cosas explican la crisis rural, que es evidente. En el campo se concentra la pobreza extrema, el impacto de los fenómenos climáticos y la migración; allí está haciendo crisis la falta de agua y de oportunidades. Veo una erosión generalizada del campo que no sólo afecta la tierra, sino la dimensión ambiental, social y económica. Pero hoy también es un momento de gran oportunidad porque mucho de la crisis financiera global tendría en el campo y en la agricultura un mecanismo de recuperación y de estabilización. Momento de crisis, momento de oportunidad, para poderlo aprovechar si se teenen las condiciones y las políticas adecuadas. 2) Quisiera que el campo fuera una prioridad para la política económica del país, que fuera estratégico porque es la clave para la producción de alimentos, para enfrentar la pobreza y para avanzar en lo que hoy mira el mundo: “una economía verde baja en emisiones de gases de efecto invernadero”. El campo es fundamental para lograr un crecimiento sostenible e incluyente y para garantizar lo que hoy en México es ya un derecho constitucional, el derecho a la alimentación. ¿Cómo lograrlo? En principio, hay que ir fortaleciendo la capacidad productiva de los pequeños y medianos agricultores, y luego universalizar el acceso a las nuevas tecnologías, al crédito y a la capacitación, que son indispensables. Pero esto tiene que ver con el desarrollo de cadenas productivas regionales, que garanticen no sólo la reactivación económica del país con la creación de empleos, sino también la capacidad exportadora y comercializadora, y sobre todo la soberanía alimentaria. También es fundamental la inversión en adaptación al cambio climático, y la regulación para evitar la especulación y la volatilidad de los precios de los alimentos. En el mundo se está hablando de que los Estados cuenten con reservas transparentes. 3) Desarrollamos una campaña global en Oxfam, se llama Crece y tiene como foco principal la producción de alimentos en el mundo y la seguridad alimentaria. También estamos financiando en varios estados del país el programa de organización campesina, con énfasis en el rol de las mujeres; el programa se orienta a diversos campos de la agricultura, del manejo sustentable de los bosques, del agua y la energía. Estamos desarrollando proyectos específicos en comunidades. También apoyamos con recursos espacios de confluencia y discusión de organizaciones campesinas para que identifiquen agendas comunes, unan fuerzas en algunos objetivos y hagan incidencia en políticas públicas. Estamos realizando investigaciones que fortalezcan las políticas de las mismas organizaciones para mostrar sus experiencias e incidir en políticas públicas. Y estamos promoviendo en el ámbito legal, y en la política específica económica, propuestas de mayor competencia porque la comercialización de alimentos es el sector donde hay más monopolios y por tanto menos competencia y quienes dictan las reglas son unas cuantas empresas. Eso afecta la seguridad alimentaria en el mundo.