El proyecto de dictamen en el que el ministro Fernando Franco propone la invalidez de las reformas legales que reconocen los derechos del ser humano desde el momento de la concepción –en Baja California y San Luis Potosí– tiene como eje la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

El documento de Franco subraya que, al confirmar la constitucionalidad de la legislación capitalina en agosto de 2008, el pleno concluyó que “México no está obligado a proteger la vida desde el momento de la concepción o en algún momento específico; que no hay fundamento constitucional o internacional para un mandato de penalización en el caso de privación de la vida…”

De prevalecer el criterio de la mayoría –en aquel entonces sólo Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre, ministros que integran actualmente el pleno, votaron en contra–, es posible que se alcancen los ocho votos necesarios para que el pleno invalide los artículos impugnados en sendas acciones de inconstitucionalidad, confiaron fuentes judiciales.

Y es que, por tratarse de este tipo de acciones –en contra del artículo 16 y 7 de las constituciones de San Luis Potosí y Baja California, respectivamente–, se requieren ocho votos para dejar sin efecto una norma. Si no se consigue ese número de sufragios, las acciones se sobreseen y queda vigente la norma impugnada.

El proyecto de Franco añade que en estos casos, si bien las normas combatidas tienen como fin proteger la vida prenatal, lo cierto es que afecta los derechos reproductivos de la mujer o de la pareja que no quiere tener hijos, previstos en el artículo cuarto constitucional, que señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos.

En este contexto, la Constitución protege el derecho al uso de anticonceptivos de diverso tipo y de la píldora del día siguiente; así como la despenalización del aborto bajo determinadas circunstancias, señala el proyecto.

Subraya el texto que, si se considerara que el producto de la gestación tiene derechos constitucionales (como el derecho a la salud o a la vida, entre otros), éstos limitarían los derechos de los individuos –no sólo de la mujer que no desea procrear– que sí están reconocidos como sujetos por la Constitución federal.

Y con ello, el constituyente estatal se arroga un derecho que no tiene, que es el de ampliar el espectro de sujetos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos en los que lo hizo.

Fernando Franco asevera que al considerar el derecho a la vida del no nacido y considerarlo como persona, las reformas en las entidades señaladas incumplen los artículos 1, 2, 4, 6, 10, 14, 16 y 24 de la Constitución, al violar la dignidad y derechos de las mujeres, además de las garantías a la igualdad y a la no discriminación, los derechos reproductivos y a la salud, así como el que tutela la vida privada. Además, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, se espera que el pleno inicie la discusión de este asunto la próxima semana.

Colectivos feministas celebran el proyecto de dictamen

Colectivos feministas celebraron los proyectos de dictamen elaborados por el ministro Fernando Franco, que declara inconstitucionales las modificaciones antiaborto en las constituciones de Baja California y San Luis Potosí.

El proyecto pondera los derechos de las mujeres de manera muy clara y lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a estudiar de fondo los temas relacionados con los derechos de las mujeres, sostuvo Daptnhe Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Agregó que el proyecto de dictamen da cuenta de una capacidad de la SCJN de leer los argumentos desde un enfoque centrado en los derechos de las mujeres.

Por separado, Adriana Jiménez Patlán, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, consideró que el proyecto demuestra que, como en otras ocasiones, “la Suprema Corte ha dado pasos firmes para demostrar su compromiso con la equidad de género, y manifestó su confianza en que las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí sean plenamente discutidas y se echen para atrás.

Con información de Ariane Díaz