a primavera del gobierno de Evo Morales Ayma en Bolivia llegó a su fin. El proclamado primer presidente indígena del siglo XXI en América Latina, el impulsor de Bolivia como Estado plurinacional y comunitario para remarcar la importancia de los pueblos indígenas en su población, el que como líder de los cocaleros bolivianos llevó sus demandas a instancias internacionales y como presidente constitucionalizó los derechos indígenas proclamados el año 2007 por la Organización de las Naciones Unidas, el que frente a la voracidad del capitalismo depredador impulsó y después acogió en su discurso los principios del buen vivir, el proclamado gobierno de los movimientos sociales, hoy enfrenta una crisis de legitimidad debida a que su decir no concuerda con su hacer y de no corregir, corre el riesgo de perder su capital político basado en las anteriores consideraciones.

La más reciente muestra de esta crisis tiene como telón de fondo la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio Moxos, que uniría a los departamentos de Beni y Chochabamba, partiendo en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). De acuerdo con Evo Morales Ayma la carretera contribuiría a la integración y el desarrollo del país, mientras los pueblos chimanes, mojeños y yuracaré, que serían los directamente afectados, así como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) aseguran que la obra servirá para la extracción de los hidrocarburos de la amazonia boliviana por empresas brasileñas. A partir de ahí el enfrentamiento ha sido una constante: el primer mandatario boliviano ha acusado de traidores a los opositores de sus planes; mientras éstos iniciaron una marcha el día 15 de agosto rumbo a la capital para exigir una consulta con resultados vinculantes sobre ella.

Es claro que atrás de este enfrentamiento existen otros problemas, que no pueden ignorarse a la hora de las definiciones. Uno de ellos, del cual dependen los demás, es la viabilidad –dentro de un capitalismo rapaz– de un gobierno indígena que respete los derechos de los pueblos indígenas, que no los utilice sólo para elaborar discursos legitimadores y, en el peor de los casos, encubridores de verdaderas políticas de saqueo. Ya lo vimos en el Ecuador y si en Bolivia no se corrige el rumbo, no tardaremos en mirar cómo mientras los gobiernos tejen cortinas de humo sobre el respeto de estos derechos, las empresas trasnacionales siguen saqueando los recursos hídricos, mineros, forestales y genéticos. Por eso es importante que los estados reconozcan los derechos indígenas, pero también que los gobiernos los respeten y ciñan sus políticas a ellos, mas en el caso de Bolivia, donde muchos de sus integrantes lucharon porque fueran una realidad.

Cuando esto no sucede, como en el caso de la defensa de TIPNIS, las luchas de los pueblos indígenas por defender los derechos violados se vuelven legítimas y concitan el apoyo popular y de importantes actores políticos, aunque el gobierno que los viola tenga origen indígena. Uno de ellos es Óscar Olivera, miembro de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que en el año 2000 encabezó la guerra del agua para detener la privatización del vital líquido. En una carta pública de apoyo a los marchistas, ha dicho que la defensa y conservación de TIPNIS es de todos, al tiempo que acusa al gobierno de autoritarismo, desprecio, ignorancia y subordinación a la oligarquía brasileña. Desde otra óptica, Alberto Acosta, el ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, le recuerda al presidente Morales su reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la firma de diversos compromisos políticos de respeto a ellos, así como de los recursos naturales, y –diplomáticamente– le pide que sea congruente con ellos.

Hace aproximadamente dos décadas los pueblos indígenas de América Latina se posicionaron como actores centrales en la vida política de los estados nacionales de América Latina. Su emergencia pronto demostró que sus demandas no eran cosa menor: querían cambiar el modelo de estado decimonónico por otro que les permitiera seguir existiendo como pueblos, con derechos específicos, de carácter colectivo, distintos a los individuales que hasta entonces se venían reconociendo, para salir de la subordinación en que se encontraban. La lucha no ha sido fácil y los primeros en entenderlo fueron los funcionarios estatales y los operadores de las grandes empresas trasnacionales, quienes idearon diversas formas para contenerlos, mismas que iban de la represión a la cooptación. La asunción de Evo Morales Ayma a la presidencia de la república boliviana parecía romper ese esquema de dominio; pero ahora que termina su primavera con los movimientos sociales parece que no, que también era otra forma de dominio. Esperemos que no, que todavía sea tiempo de no perder el camino para encontrar el horizonte.