Aunque representan más de la cuarta parte de la población total del país, los jóvenes no son considerados sujetos plenos de derechos, sino un segmento poblacional con formación incompleta al que hay que tutelar y al cual se le encasilla en un grupo único de necesidades y características.

Se advierte lo anterior en el Informe sobre la situación de los derechos humanos de las juventudes en México y en el Distrito Federal 2010-2011, documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que se alerta que los jóvenes son un sector particularmente expuesto a la violencia y la criminalización, y cuyos derechos económicos, sociales y culturales no han sido cubiertos con políticas públicas específicas.

Uno de los obstáculos que impiden el desarrollo de los jóvenes en México –se señala en el informe– es que sus problemas y necesidades han sido invisibilizados por esquemas adultistas que los tratan como personas incompletas, que deben transitar un camino único para llegar a la madurez, y se pasan por alto sus identidades particulares.

Se destaca en el documento que 26.4 por ciento de la población del país –112 millones de habitantes, según el censo general de 2010– tiene entre 15 y 29 años. De esa cifra, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres; la mayoría (seis de cada 10) se concentran en las ciudades.

Óptica asistencialista y paternalista

Pese a tratarse de un sector numeroso, sus derechos no están mencionados de forma explícita en la Constitución, y las leyes secundarias que se encargan de ellos tienen una óptica asistencialista y paternalista que no los reconoce como poseedores de plenos derechos.

Uno de los temas en que el documento pone mayor énfasis es el de la condición vulnerable de las juventudes ante el clima de violencia que sufre el país, relacionado directamente con un sistema de seguridad vinculado a las armas y a la fuerza policiaca y militar, que ha dado lugar a múltiples violaciones a las garantías fundamentales.

La combinación de pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales, y marginación ha provocado que cada vez más jóvenes se sumen a las fuerzas armadas o a los grupos del crimen organizado, lo que a su vez ha producido mayor criminalización de las personas de entre 15 y 29 años, advierte.

Señala que este sector poblacional es el que está más expuesto a caer en prisión por delitos menores, y al mismo tiempo ha recibido más agresiones del Ejército y los diferentes cuerpos policiacos, incluso ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y feminicidios.

La precariedad que enfrentan los jóvenes de todo el país –explica el informe– tiene origen en gran medida en la falta de cumplimiento y promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las instituciones han fallado en garantizar su derecho a la alimentación, la salud, el trabajo, la cultura y la educación.

De igual forma, sus derechos sexuales y reproductivos no cuentan con una legislación específica que los reconozca, o son abordados desde una perspectiva tutelar y adultista que no toma en cuenta sus necesidades.

El documento, de 157 páginas, aborda también las problemáticas de las juventudes migrantes, indígenas y de diversidad sexual, las cuales están aún más expuestas a sufrir la vulneración de sus garantías básicas.

En resumen –indica–, el gobierno no ha diseñado políticas públicas adecuadas para atender a los jóvenes ni ha promovido su participación social en diversos ámbitos, o lo ha hecho de manera muy insuficiente.

Por todo ello, recomienda que el Estado mexicano genere una ley federal que reconozca a los jóvenes como sujetos plenos de derechos, vigile el resultado de los programas de atención a este sector, ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y promueva estudios de evaluación de este sector poblacional.