La única explicación que se le puede dar al endeudamiento que por más de 30 mil millones de pesos tiene el estado de Coahuila, es que forma parte de una operación de crimen organizado, en la que el ex gobernador Humberto Moreira mintió a los coahuilenses y falsificó documentos para contratar créditos, con la complicidad de diputados locales, autoridades federales y de las propias instituciones bancarias, que por negligencia o complicidad otorgaron créditos o préstamos con base en documentos falsificados, denunciaron empresarios de la entidad.

En rueda de prensa, los empresarios mostraron documentos que sustentan sus dichos y que ayer mismo fueron entregados a la diputada del PRD Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Entre los documentos se encuentra una auditoría realizada por el despacho Leal, Adame y Asociados, en la que se subrayan ingresos reportados por el estado que pasan de 350 millones a más de mil 500 millones de pesos en apenas tres meses y otros derivados de organismos inexistentes que suman más de 3 mil millones de pesos.

Miguel Wheelock Aguayo, Fernando Mendoza Bernal, Juan Pablo Rodríguez Galindo, Mario Dávila Longoria, Alejandro Gursa Obregón, Armando Guadiana Tijerina y Jorge Kalionchiz de la Fuente demandaron la intervención del gobierno del presidente Felipe Calderón y de la ASF; una auditoría del uso que se dio a los fondos federales desde 2006 a la fecha; una compulsa de los proveedores de los servicios del gobierno del estado en ese mismo periodo y una auditoría a las cuentas públicas de 2006 a 2010.

Exigen también la integración de una comisión que investigue el endeudamiento del estado de Coahuila ante la presunción de que existen actos ilegales tan graves como la falsificación de documentos y el enriquecimiento inexplicable del gobernador con licencia Humberto Moreira y otros servidores públicos.

No es posible que un defraudador como Moreira destaque ahora en el plano político nacional, cuando parte de esos 30 mil millones de pesos los usó para convencer a gobernadores como Enrique Peña Nieto y otros y quedarse de líder del PRI, aseveraron los empresarios. Consideramos que esta cadena de abusos y mentiras no puede quedar olvidada ante el silencio y la complicidad de las autoridades del estado.

Durante la conferencia de prensa advirtieron que si a los 32 millones de pesos de deuda se les suman lo que se debe a proveedores, se alcanza una cifra de 50 mil millones de pesos, lo que deja al estado sin dinero para inversión pública ni proyectos sociales en 15 años. Exigimos cárcel para los ladrones, por qué los ciudadanos sí vamos a la cárcel y los funcionarios no, ésta es una vergüenza para México.

Según los empresarios coahuilenses, quienes ayer constituyeron un grupo denominado Claridad y Participación Ciudadana, algunos de ellos miembros del PRI, lamentaron que también en otras entidades del país se maquillen cifras para engañar a la sociedad, para robar dinero público, y no haya autoridad alguna que por lo menos intente poner orden. Reconocieron que si bien ha habido pronunciamientos de la dirigencia del PRD y del PAN, éstos han quedado en meros enunciados que ni siquiera son publicados por todos los medios de comunicación.