La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia penal contra los opositores a la construcción del acueducto Independencia, quienes desde el martes bloquean la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado de Vícam, municipio de Guaymas, informó Luis Serrato Castell, delegado de la dependencia en Sonora.

El funcionario expuso que el tránsito fue cerrado en el kilómetro 48, donde acampan cientos de integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, formado por indígenas yaquis de Cajeme y agricultores de la región.

Indicó que la denuncia se presentó ante el Ministerio Público federal y confió en que pronto se desalojará a quienes obstruyen la principal vía federal en Sonora.

Dirigentes del movimiento señalaron que no levantarán su protesta hasta que el gobierno estatal acate las suspensiones provisionales contra la construcción del acueducto, dictadas por tribunales agrarios. Los agricultores sostienen que la obra provocará desempleo, desabasto de agua de riego y una aguda crisis económica.

En la ciudad de México, el diputado federal Rogelio Díaz Brown llamó al gobernador Guillermo Padrés Elías a dialogar con los yaquis a fin de terminar con el bloqueo. El legislador se ofreció como enlace para solucionar el conflicto.

Instruyen proteger a juez

Fuentes judiciales revelaron que el Consejo de la Judicatura Federal otorgó medidas especiales de seguridad a la juez octava de distrito con sede en Sonora, María del Rosario Alcántar, quien ha recibido amenazas de muerte, lo que motivó que el primero de septiembre presentara una denuncia ante la Procuraduría General de la República.

La impartidora de justicia aseguró que amenazaron con hacerle daño a ella y a su familia si ordena el uso de la fuerza pública para detener la construcción del acueducto Independencia.

Con esta obra el gobierno de Sonora busca dotar a los habitantes de Hermosillo de 75 millones de metros cúbicos anuales de agua proveniente de los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva (donde se encuentra la presa El Novillo). Empezaría a funcionar en 2012.

El gobierno de Sonora asegura que esa cantidad no amenaza la producción agrícola del valle del Yaqui, pues equivale a menos de 5 por ciento del almacenamiento global del sistema de presas en esa región.