De acuerdo con un análisis sobre el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos, coordinado por Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC en centros de salud de cinco estados de la República, los servicios de planificación familiar están dirigidos principalmente a mujeres casadas o en unión libre, por lo que las solteras y jóvenes tienen un menor acceso a dichos métodos.

El estudio, realizado en 2010 y publicado en agosto, identificó que en gran número de las unidades de salud evaluadas no existen áreas exclusivas de salud sexual y reproductiva, y que el personal de las mismas presentó actitudes y conductas prejuiciosas hacia las mujeres, además de maltrato e información errónea sobre métodos de anticoncepción.

Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de metodología anticonceptiva en México: un método de rendición de cuentas desde la sociedad civil recoge resultados de evaluaciones que la asociación lleva cabo desde 2007 en diferentes estados del país.

El año pasado, la investigación se efectuó en Jalisco, Morelos, Querétaro, Puebla y Zacatecas. Entre los resultados, destaca que en Jalisco, Querétaro y Morelos hay un porcentaje importante del personal de salud que rechaza la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE).

En Jalisco, particularmente, se observaron muchos prejuicios del personal médico, por lo que se recomendó realizar talleres de sensibilización con perspectiva de género. Puebla fue el estado donde hubo porcentajes más bajo de uso de métodos anticonceptivos y una demanda insatisfecha mayor; en algunos municipios llegó a 30 por ciento.

Entre las recomendaciones que hace la agrupación a las secretarías de Salud estatales están asegurar que cada unidad cuente con un área específica para planificación familiar, garantizar que la totalidad de solicitantes de planificación familiar reciba atención sin importar el método solicitado y sin imponer barreras administrativas, así como ampliar los horarios de atención y asegurar los recursos humanos necesarios.

Además, sugiere no presionar ni imponer un método anticonceptivo en particular, además de sensibilizar al personal de los servicios de salud, así como asegurar un mayor acceso a métodos de largo plazo, garantizar la gratuidad de los servicios y contar con una mayor oferta y variedad de los diferentes métodos de anticoncepción.