Villahermosa, Tab., 6 de septiembre. El Movimiento Migrante Mesoamericano, por conducto del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, denunció que autoridades de Guatemala, con apoyo del gobierno mexicano, se introdujeron al país para intimidar y tratar de repatriar a 400 guatemaltecos –hombres, mujeres y niños–, quienes, acusados de ser narcotraficantes, fueron desplazados con violencia de su comunidad y sus viviendas quemadas el pasado 23 de agosto, por lo que se refugiaron en los límites con México.

Señaló que el lunes pasado autoridades de El Petén, Guatemala, comandadas por el gobernador Rudel Mauricio Álvarez, se internaron en el país por el puerto fronterizo El Ceibo, donde, escoltados por el Ejército Mexicano, las policías federal y estatal, el Grupo Beta y agentes del Instituto Nacional de Migración, arribaron al ejido Nueva Esperanza, ubicado en los límites con Guatemala –donde se encuentran refugiadas las familias guatemaltecas–, para intentar trasladarlas de nuevo a tierras guatemaltecas.

Hace dos semanas los campesinos guatemaltecos Miguel Ángel Pérez Ramírez, José Manuel Valdez y José Gutiérrez Zacarías López narraron ante defensores de derechos humanos en Tenosique, Tabasco, que huyeron para protegerse en México, luego de que el 23 de agosto elementos policiacos y militares de Guatemala, con el pretexto de que éramos narcotraficantes, irrumpieron en el poblado Nueva Esperanza, localizado a 700 metros de la zona limítrofe con Tabasco, para desalojar con violencia a 91 familias.

Desde esa fecha las familias guatemaltecas, con apoyo de organismos defensores de los derechos humanos, se encuentran refugiadas en el ejido Nuevo Progreso, del municipio tabasqueño de Tenosique.

Este martes el organismo defensor de los derechos humanos mencionó que el lunes anterior, por más de seis horas, autoridades guatemaltecas y mexicanas intentaron convencer a las familias de que fueran trasladadas a un albergue temporal en el municipio La Libertad, departamento de El Petén, Guatemala, para después ser reubicadas a viviendas, pero no con derecho a tierras.

Abundó que los desplazados rechazaron el ofrecimiento, pues demandaron que se les permitiera regresar a las tierras de las que fueron despojadas por las mismas autoridades, las cuales quisieron convencerlos ahora de ser trasladados.