Por unanimidad, el Senado de la República demandó al presidente Felipe Calderón no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta), porque sus disposiciones jurídicas atentan contra los derechos reconocidos en la Constitución, limitan el uso de Internet, censuran sus contenidos y restringen y obligan a los proveedores del servicio a denunciar su eventual mal uso, lo que vulneraría la presunción de inocencia, garantizada en la Carta Magna.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que dicho acuerdo tuvo una falla de origen, ya que las dependencias del gobierno federal que lo negociaron violaron la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia de Economía al no informar oportunamente al Senado.

El priísta Eloy Cantú Segovia, quien presidió el grupo de legisladores que analizó dicho acuerdo, destacó en el pleno que justamente la ambigüedad de algunas de sus disposiciones serían contrarias a un valor jurídico fundamental, como es la seguridad y la certeza jurídica de los habitantes del país.

Su aplicación –subrayó– podría resultar en una limitación a la universalización deseable del derecho a Internet en la sociedad mexicana: ¿con qué consecuencia?, ampliando la brecha digital y con ello la posibilidad de que el país se inserte de manera precisa en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Advirtió que el Acta podría derivar en censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además del desarrollo legítimo del comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.

Cantú sostuvo que, en la hipótesis de convertirse en derecho vigente, diversas cláusulas del Acta resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, como las garantías individuales contenidas en la Constitución, y “vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico“.

En tanto, el senador perredista Carlos Sotelo resaltó que perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo en Internet, sin orden previa de autoridad judicial, conduciría a una violación flagrante del artículo sexto constitucional, que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo.

La panista Beatriz Zavala manifestó que es muy claro que el Acta va contra las garantías individuales, no sólo de la privacidad, sino de las leyes que consagran primero la inocencia antes de que se compruebe la culpabilidad. Es muy riesgoso.

Francisco Javier Castellón Fonseca resaltó que “este acuerdo se empezó a debatir de manera secreta entre los negociadores del Ejecutivo. El tema fue descubierto por ciudadanos que nos informaron por medio de las filtraciones de Wikileaks, y también nos hicieron llegar una copia del borrador que se negociaba”.

Por otra parte, la bancada del PRD demandó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que retire los cargos contra María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, acusados de actos terroristas y sabotaje, mediante el uso de las redes sociales, ya que podrán ser condenados hasta 50 años de prisión.

Castellón y Sotelo señalaron que los procesados señalaron que los reportes que transmitieron sobre presuntos ataques del crimen organizado a escuelas de Veracruz no tenían como fin generar terror o temor entre la población, sino, por el contrario, alertarla sobre hechos peligrosos que estaban ocurriendo, según les informaron varios familiares.