En los próximos 30 días naturales deberá entrar en operación la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, integrada con personal comisionado de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Así, la procuraduría nacerá sin presupuesto propio y con personal y demás recursos humanos y materiales prestados por otras dependencias federales que, a su vez, ya tienen a su cargo diversas funciones en la materia que, por tanto, serían trasladadas al nuevo aparato administrativo.

El Presidente de la República designará al titular de este organismo descentralizado, que tiene como objetivo brindar atención integral a las víctimas u ofendidos de delitos.

El decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación precisa que la junta de gobierno de la naciente procuraduría estará integrada por los titulares de siete secretarías (Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Desarrollo Social y Salud), además de la procuradora general y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Representantes académicos, de la sociedad civil o de otras instituciones públicas, así como de instancias de seguridad estatal y municipal, tendrán voz en la junta de gobierno, pero no voto.

El decreto en mención precisa que durante los próximos 45 días las entidades públicas que cuenten con áreas de funciones similares harán un estudio –y lo entregarán a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública– para determinar si son susceptibles de ser transferidas a la naciente procuraduría.

Es decir, al momento de la puesta en marcha, esta nueva dependencia –anunciada por el presidente Felipe Calderón durante el mensaje por su quinto Informe de gobierno– contará con los recursos no onerosos con que cuenten actualmente, para este tipo de actividades, la PGR y la SSP.

En ese contexto, deberá determinarse qué se hará con las áreas que ya tienen como responsabilidad atender a las víctimas, como la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la cual tiene en curso, por ejemplo, un programa para la protección a periodistas y está encargada del proyecto para salvaguardar a defensores de garantías individuales.

De igual forma se deberá precisar la suerte que correrá el área que para tal efecto tiene la PGR en la Suprocuraduría de Derechos Humanos.

En tanto se aprueba el estatuto orgánico de la nueva procuraduría y se formaliza la transferencia de recursos, el personal a cargo será el comisionado por la PGR y/o otras instituciones, sin que se modifique o altere su situación laboral.

El organismo funcionará con los recursos humanos, materiales y financieros que se le transfieren en términos de las disposiciones transitorias anteriores, por lo que no se asignará presupuesto adicional para tal efecto en el presente ejercicio fiscal, señala el transitorio quinto del decreto publicado que entra en vigor hoy.

Adicionalmente, el decreto indica que continuarán vigentes los convenios celebrados entre la PGR y las entidades federativas para la atención a víctimas.