La Secretaría de Gobernación emitirá la próxima semana un corte informativo acerca de la indagatoria sobre los propietarios de centros de juegos y sorteos que operan en el país.

La demora obedece a la complejidad con que opera el sector, señaló el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, porque un permisionario puede tener establecimientos en una o varias entidades.

Dijo que la investigación está en marcha y en los próximos días darán a conocer un primer avance de ese trabajo.

Espero poder dar en una semana un avance relevante, porque el entramado es complejo: un permisionario puede tener establecimientos en distintos estados. Estamos haciendo las cosas de manera integral y con ganas de avanzar en el reordenamiento del sector, señaló.

Acerca de la situación del propietario del casino Royale, cuyo siniestro, ocurrido el 25 de agosto pasado, dejó 52 muertos, destacó que el gobierno de Nuevo León ha ofrecido medidas de seguridad para el empresario, quien ha denunciado amenazas de integrantes de la delincuencia organizada.

También ha denunciado agresiones el representante de los permisionarios del casino siniestrado, quien en años anteriores –según información periodística– fue colaborador del subsecretario de Gobierno, Abraham González. El ex funcionario, hoy diputado en el Congreso de Jalisco, se reunió ayer con el titular Gobernación, Francisco Blake.

El 31 de agosto pasado, el subsecretario Gutiérrez y Araceli Barroso, titular de la dirección general adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación, informaron que existen 27 permisos –concedidos a igual número de empresas– para establecimientos de juegos y sorteos, y que cada permiso sirve para instalar uno o más negocios, de ahí que de 561 posibles, 306 han dado aviso de apertura y funcionan.

La dependencia calcula que 60 salas operan sin autorización federal, es decir, la autenticidad de los permisos está en duda.

El subsecretario precisó que de los 306 centros de apuestas, 237 son operados por los mismos permisionarios, mientras 69 lo hacen a través de operadores con contratos de diversa índole.

En tanto, acerca de la suspensión de clases en escuelas de Guerrero, cuyos profesores han advertido que son amenazados por delincuentes, Gutiérrez dijo que en principio la responsabilidad es de las policías preventivas municipal y estatal de Guerrero.

No hemos recibido una solicitud concreta, pero el tema es materia de las discusiones del Grupo de Coordinación Guerrero. Por lo respecta a Gobernación, agregó, elevaremos la preocupación para que ese grupo –en el que trabajan fuerzas locales y federales– adopte las medidas a su alcance.