n su caravana al sur, hacia las entrañas del México profundo y a su encuentro con los pueblos indios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad enfrentará un nuevo desafío. Tal como logró dar visibilidad a las víctimas de la violencia y defender sus derechos, tendrá que hacer evidentes las causas de esa violencia y las condiciones que exigen respuesta colectiva ante la emergencia nacional.
Ante todo, el movimiento necesita despejar la neblina ideológica que intenta descalificarlo para impedir que cumpla su función.
En primer término, debe mostrar la falta de sustento de la acusación de que el movimiento sólo responsabiliza al gobierno y trata con pétalos de rosa
(sic) a los criminales, sin analizar los efectos destructivos de las drogas. Desde la carta que Javier Sicilia dirigió tanto a los políticos como a los criminales, el movimiento ha señalado continuamente que lo grave no es solamente el número de los actos criminales, sino la barbarie e inhumanidad manifestadas en ellos. Necesita repetirlo una y otra vez.
Haber dicho que la guerra contra el narcotráfico que oficialmente no existe en realidad es una guerra contra el pueblo
ha sido considerado un acto de desmesura
sin bases. En el sur, particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el movimiento podrá demostrar que esa afirmación es el fruto de un análisis riguroso y una experiencia cotidiana. La violencia dominante en esos estados en los últimos 15 años proviene directamente del gobierno, como han reconocido órganos civiles y públicos, nacionales e internacionales, incluyendo a la Suprema Corte.
Al dar mayor visibilidad a esa dimensión de la situación actual, será posible esclarecer las confusiones creadas en torno a la ley de seguridad nacional. Deben hacerse aún más evidentes las diferencias en el diagnóstico. El movimiento necesita reiterar que el asunto de las drogas es cuestión de salud pública y bienestar social, no de seguridad nacional. Que abordarlo militarmente sólo agrava la situación. La muerte o encarcelamiento de los capos y sus subordinados ha operado como poda. Consumo y tráfico de drogas siguen aumentando, lo mismo que el número y salvajismo de quienes viven de ello.
La iniciativa de ley de seguridad nacional de Calderón buscaba legalizar la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública. Esta intervención, iniciada en diciembre de 2006, tiene fundamentos jurídicos muy endebles. Las propias fuerzas armadas exigen un marco jurídico apropiado en que no sigan expuestas a los dictados caprichosos o patológicos de quien esté a cargo del Ejecutivo.
El movimiento puede reconocer sin dificultad la necesidad urgente de reducir y acotar las facultades del presidente en estas materias, pues las actuales crean auténticos problemas de seguridad nacional. Pero tiene sobradas razones para rechazar la iniciativa, a pesar de la profunda cirugía que se le aplicó. No hubo traición de quienes asistieron al diálogo de Chapultepec, que sólo mantuvieron silencio irresponsable ante ese rechazo. Pero no hay razón alguna para confiar en que este Congreso podrá legislar con sensatez en materia tan delicada, tanto por su composición como por las presiones del Ejecutivo y las fuerzas armadas y las veleidades propias del momento electoral.
Era indispensable dialogar con los responsables de la situación actual, a sabiendas de los riesgos de hacerlo. En otras circunstancias, en su entrevista con Gabriel García Márquez en 2001, el subcomandante Marcos señaló que para que el diálogo y la negociación tengan éxito las dos partes necesitan partir del precedente de que no pueden vencer al contrario. Hay que construir una salida que signifique la victoria para los dos, y en el peor de los casos, que signifique una derrota para los dos
. Hasta ahora, Calderón ha demostrado que no ha renunciado a vencer. A cambio de algunas lentejas valiosas, como compensación a las víctimas, exige la primogenitura: el respaldo a su estrategia de guerra. No lo tendrá. El diálogo terminará en derrota.
El movimiento sabe que parar la guerra no puede hacerse de un día para otro ni resuelve el problema actual. Pero necesita hacer aún más evidente que es condición necesaria para enfrentar la emergencia nacional y empezar a recomponer el tejido social, mediante acciones concertadas de todos los sectores de la sociedad y el gobierno.
El movimiento no podría asumir por sí solo las consecuencias del fracaso del diálogo ni encabezar al conjunto de la sociedad en las acciones necesarias para detener la guerra de Calderón. Pero puede ser conciencia moral y catalizador eficaz de la coalición de fuerzas civiles y políticas capaz de conseguirlo. Ésa es, ni más ni menos, la agenda que tiene por delante.
