El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) y la delegación de la Unión Europea en México condenaron por separado el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, y exigieron que se realice una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial.

Para el CDHFBLC, el clima de amenazas y hostigamiento desatados en todo el país contra periodistas que ejercen su profesión y la impunidad con que son encubiertos estos actos, son una confirmación de la obstrucción por parte del Estado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, aseveró en un comunicado de prensa.

Señala como responsable de estos hechos al Estado mexicano por no respetar y proteger la vida, la integridad y seguridad personal de las y los comunicadores en México, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que los asesinatos de periodistas son un atentado a la libertad de expresión.

En un comunicado también la delegación de la UE en México animó a las autoridades del país a perseverar en el fortalecimiento de las condiciones que permitan el libre ejercicio de todos los derechos humanos y a seguir luchando contra la impunidad, en el espíritu de la reciente y muy positiva reforma constitucional en materia de derechos humanos.