an empecinado está Felipe Calderón que aprovechó la espantosa masacre del casino Royale para insistir en su muchas veces fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico en su mensaje a la nación el 26 de agosto. De inmediato se vieron las largas columnas de fuerzas federales con destino a Monterrey, como se han visto rumbo a Ciudad Juárez, sin que el derramamiento de sangre inocente se detenga.

En una semana, es cierto, hubo varios hechos que revelaron que los criminales no reconocen ningún límite, ni se detienen en ningún espacio, sea público o privado: la balacera afuera del estadio de Torreón, otra balacera con saldo de un muerto y varias madres de familia heridas afuera de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez, y el execrable incendio del casino Royale en Monterrey, con 52 personas muertas. La reacción del gobierno es incrementar la violencia de Estado hacia los delincuentes, aunque de sobra se ha demostrado que la intensificación de la violencia legítima sólo produce más asesinatos en este país aterrorizado.

Porque si bien la masacre del casino Royale puede considerarse un ascenso en la escala del terror criminal, hay que tomar en cuenta otros datos: en primer lugar, toda la cadena de corrupciones y colusiones de diversos niveles de gobierno que han permitido que este tipo de establecimientos nazcan, crezcan, se reproduzcan y medren plagados de irregularidades fiscales, de protección civil y laborales. ¿No se advirtió desde tiempos de Foxilandia que la apertura de este tipo de casinos ofrecería una gran oportunidad para el lavado de dinero y la implantación de mafias criminales? En segundo lugar, como señalan algunos analistas, las características y las circunstancias del incendio del casino Royale obedecen más bien a un tipo de acción torpe, sin estrategia, de grupos criminales fragmentados, en su afán de allegarse recursos a toda costa para vencer a sus rivales. Esta lucha ciega de fracciones criminales entre sí es lo que explica los hechos de los últimos días en Torreón, Ciudad Juárez y Monterrey. Y es lo que han advertido quienes señalan que al focalizar su estrategia el gobierno federal en la detención de los grandes capos lo que obtiene es fragmentar y multiplicar las mafias criminales y sus acciones contra ellas mismas y contra la población.

Mientras la estrategia gubernamental sigue centrada en esto, olvida y deja impunes otros tipos, muy letales también, de violencia. Es el caso de los feminicidios; los datos al respecto, tan sólo en Chihuahua, son terribles: en lo que va del año han sido asesinadas 253 mujeres, ¡cinco veces más que las víctimas del casino Royale!, y 107 han desaparecido (información de Justicia para Nuestras Hijas y Cedhem). A pesar de que la Fiscalía del Estado pretende ligar la mayoría de estos feminicidios con el crimen organizado, sus propios datos la contradicen: tan sólo de enero a la fecha en Ciudad Juárez se ha elevado a 7 mil el número de denuncias por maltrato de mujeres.

Esto nos dice que es necesario y urgente un cambio de estrategia gubernamental y social para enfrentar las violencias y sus raíces sociales. Una estrategia que como se ha venido exigiendo privilegie la seguridad humana y ciudadana de las personas. Es lo que muchos grupos de la sociedad organizada demandan, pero no sólo eso, también proponen alternativas sistemáticas, de atención diversificada. Tal vez la propuesta más amplia y estructurada es la muy valiosa presentada por la UNAM, pero hay muchas otras, que bordan sobre aspectos o cuestiones más específicas y locales, muy de tomarse en cuenta.

Para detener la estrategia gubernamental fallida y llevar adelante estas demandas y propuestas desde la sociedad es necesaria una mayor movilización y presión social. Es el momento de lanzar un nuevo tipo de acciones y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene la capacidad y la legitimidad para convocarlas.

Tanto los diálogos con los poderes Ejecutivo y Legislativo (el Judicial sigue sumido en su arrogancia), como la próxima Caravana del Perdón hacia el sur del país, son acciones muy importantes del movimiento. Sin embargo, hay que buscar otro tipo de acciones de dimensión nacional, masiva, en las que puedan participar el mayor número posible de ciudadanos para expresar al gobierno el hartazgo con su estrategia fallida y la exigencia de asumir las estrategia sociales de seguridad humana y ciudadana.

En este sentido, diversos grupos de Ciudad Juárez y Chihuahua están proponiendo al movimiento la convocatoria a un primer paro cívico nacional o un primer acto simultáneo y masivo de desobediencia civil. Se trataría de brindar la oportunidad a ciudadanas y ciudadanos de todo el país a sumarse al movimiento mediante una acción de protesta y exigencia que puedan realizar sin necesidad de desplazarse de su lugar de residencia, durante dos o tres horas, de manera visible.

El autoritarismo del régimen es un peligro muy próximo; el miedo de todos es realidad palpable. Para vencerlos, es necesario que no dejemos de decir lo que pensamos, como señala el rector José Narro Robles. Es necesario que en una gran acción y expresión ciudadanas repudiemos la estrategia fallida del gobierno y exijamos atención a las propuestas sociales para una paz con justicia y dignidad; eso es lo que buscarían el paro, la huelga o la moratoria a escala nacional.