l director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, anunció ayer que la paraestatal emitirá deuda para financiar, en su mayor parte, la compra de 5 por ciento de las acciones de la petrolera Repsol, con lo que su participación en esa compañía española alcanzará 9.8 por ciento. El anuncio se produce a unos días de que Pemex firmó un acuerdo con la constructora ibérica Sacyr Vallehermoso, que permitiría a ambas compañías rozar 30 por ciento del total de las acciones del consorcio energético y obtener un peso decisivo en la conducción corporativa del mismo.

El anuncio es preocupante, por cuanto revela una continuidad en la opacidad proverbial con que ha sido manejada la paraestatal durante las presidencias del ciclo neoliberal, particularmente durante las dos recientes. Esa falta de transparencia no sólo es palpable en la relación turbia de la autoridad con la dirigencia que controla el sindicato de trabajadores petroleros, en el descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex y en el destino incierto de los recursos obtenidos por concepto de ventas internacionales de crudo: en las pasadas décadas, la paraestatal se ha hecho, además, de una intrincada red de empresas privadas que operan como fachadas corporativas, realizan operaciones en el extranjero y, por consiguiente, no rinden cuentas ni están sujetas a la legislación mexicana, lo que limita las capacidades de fiscalización del Estado mexicano y amplía los márgenes de maniobra para posibles manejos inadecuados de dineros públicos. Como botón de muestra, baste mencionar que la adquisición de acciones de Repsol por Pemex se realizará –según información oficial– a través de PMI Holdings VB, empresa sin empleados establecida en Holanda y que opera fuera del ámbito de supervisión de las autoridades mexicanas.

Ante estas consideraciones, los intentos recientes del gobierno federal por aplacar los cuestionamientos surgidos a raíz de la citada operación –el propio Suárez Coppel dijo ayer que ésta no afectará las finanzas de la paraestatal ni sus proyectos de inversión– son llanamente inútiles y generan más preguntas que respuestas. En primer lugar, resulta incomprensible que la administración calderonista decida capitalizar a una empresa española –ya sea con recursos propios o mediante la emisión de deuda– cuando, por otra parte, se sigue quitando a Pemex la mayor porción de los recursos que genera y cuando esa circunstancia priva a la paraestatal de capacidad para llevar a cabo proyectos que debieran ser inaplazables, como la construcción de una nueva refinería.

Es igualmente necesario que se esclarezca qué gana nuestro país con la compra de acciones comentada: el supuesto beneficio que la operación reportaría a Pemex a decir de sus propias autoridades –aumentar nuestra capacidad de ejecución y de conocimiento tecnológico– no guarda relación alguna con el empeño gubernamental por trasladar a empresas privadas un conjunto de funciones, actividades y potestades que, por ley, le corresponden a la paraestatal. Más aun: si se toma en cuenta que el telón de fondo ineludible de la compra de acciones de Repsol es el reciente otorgamiento, por la paraestatal mexicana, de los inconstitucionales contratos incentivados de servicios –mediante los cuales se permite a empresas particulares participar en tareas de exploración y explotación de campos petrolíferos en el territorio nacional–, resulta obligado preguntarse si acaso se está preparando el terreno para que la empresa española participe, con perspectivas de éxito, en próximos procesos de licitación para la explotación de yacimientos.

A contrapelo de lo expresado por Suárez Coppel, de que operaciones como la referida no se pueden anunciar antes de realizarse, Pemex no puede ni debe manejarse bajo la lógica y los preceptos de una compañía privada: su principal compromiso debiera ser para con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mexicana, la reactivación económica y las perspectivas de desarrollo nacional. Es necesario, pues, demandar un mayor control y transparencia de las autoridades competentes en relación con el manejo de los recursos de la paraestatal: éstos, a fin de cuentas, provienen de la explotación del patrimonio nacional y la información en torno a su manejo compete, por tanto, a todos los mexicanos.