Los órganos electorales deben asumir su responsabilidad en la persistencia de funcionarios, partidos y militantes de transgredir la ley al dejar sin sanción casos como los promocionales del presidente Felipe Calderón y el gobernador Enrique Peña Nieto, aun cuando en ambos procesos se resolvió que se violó la Constitución, afirmó el magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Armando Maitret Hernández.

Al participar en el Congreso Internacional de Estudios Electorales, en el Palacio de Minería de la UNAM, advirtió que estas decisiones, además de ser una clara invitación a que los servidores públicos violen la ley en los procesos electorales, generan desconfianza en los ciudadanos al fijar la percepción de que las instituciones no son garantes de la ley, sino de la clase política.

En su ponencia, citó también el caso de la sanción que impuso el IFE al PVEM por sus promocionales en programas de Televisa al resolver que se violó el artículo 134 de la Constitución, pero fue revocada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esto, apuntó, abrió la caja de Pandora y ahora todos, desde el diputado más modesto, con el argumento de la rendición de cuentas, hacen informes en sedes enormes, fuera de sus distritos, promocionándose para su siguiente cargo de elección popular.

Dijo que está en manos de los órganos electorales, administrativos y jurisdicionales reivindicar su imagen y la confianza de los ciudadanos, siendo consecuentes en aplicar las sanciones jurídicas que correspondan, sin importar si se trata del presidente de la República o el gobernador de algún estado. Salvaguardar la Constitución y sus principios es la única manera en que podremos elevar la calidad de la democracia.

De lo contrario, advirtió, la tendencia en la participación de la gente en las votaciones continuará en declive: 77.66 por ciento en 1994; 63.22 por ciento en 2000 y 58.55 por ciento en 2006, mientras en la pasada elección del estado de México, que se consideró el laboratorio del 2012, fue de 44 por ciento, lo que refleja un serio problema de legitimidad de la representación política.