La atención médica que de manera irregular proporcionó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) al maestro Miguel López Ortigoza durante un año para controlar una tos, llevó al paciente a un problema mayor: insuficiencia renal.

Aparentemente –dice–, por los medicamentos mal administrados y prescritos en el Hospital Darío Fernández. Ahí mismo le detectaron la falla en los riñones y le dijeron que requería una biopsia para confirmar el diagnóstico. Para ello debería internarse, pero luego de esperar casi un mes, los médicos le informaron que no podrían realizar el estudio porque el equipo estaba descompuesto.

Por eso, lo enviaron al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, donde también fue internado. Durante 10 días esperó a que le realizaran el procedimiento, hasta que una doctora le indicó que no había agujas y que éstas tenían un costo de 35 mil pesos. Lo raro, dice López Ortigoza, es que luego de que los amenazó con denunciar la situación a la prensa, a los 10 minutos regresó la doctora para informarme que había sobrado una aguja y si quería de una vez me hacían la biopsia.

Mientras tanto, la salud del profesor empeoró al grado de que lo tuvieron que someter a tratamientos de diálisis, primero, y luego de hemodiálisis. Los médicos del 20 de Noviembre consideraron que la falla renal no es de tipo agudo y que sólo necesitará de algunos fármacos para recuperar la función de sus órganos, pero esto se confirmará con el resultado de la biopsia.

Aunque todavía está pendiente dicha biopsia, así como la determinación del tratamiento a seguir, López Ortigoza ya enfrenta un nuevo problema: el personal del hospital le indicó que su expediente y posterior seguimiento clínico se transferirá al Hospital Zaragoza del Issste. El paciente se negó, y más todavía luego de que algunos empleados del 20 de Noviembre le comentaron la realidad: aquí sólo se atiende a los recomendados.