El gobierno del presidente Felipe Calderón llega a su quinto año con serios retrocesos en materia de derechos humanos y cuestionado no sólo por organizaciones civiles, sino por amplísimos sectores de la sociedad mexicana que no están dispuestos a permitir que una política pública protagónica en el gobierno como es la actual en contra de la delincuencia organizada se convierta en espacio fértil para el abuso, la impunidad y el incremento de la violencia, consideró Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México.

Hay impunidad, violencia, una militarización sin fecha concreta de término, funcionarios públicos que no rinden cuentas, procesos de depuración del aparato de procuración de justicia inconclusos y entidades que no asumen su responsabilidad en materia de derechos humanos en coordinación con las autoridades federales... urge un cambio de rumbo, pues la respuesta del gobierno ha sido corta e ineficiente ante la violencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos indicaron que a pesar de que en años recientes se ha producido el mayor número de reformas constitucionales en derechos humanos, el balance es negativo, pues al mismo tiempo continúan las regresiones autoritarias y el gobierno no ha resuelto la desigualdad social y la ola de violencia.

Deben reconocerse los errores y las regresiones que han ocurrido en este periodo. Lo peor que podemos esperar es que Calderón siga ocultando que hay una crisis de derechos humanos, y que hay focos rojos muy claros. Todavía está a tiempo de rectificar, aunque tengo un pronóstico reservado de que resuelva esta situación, sostuvo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Aparte, los priístas Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carlos Ramírez Marín, ex presidentes del Senado y la Cámaras de Diputados, demandaron que el Informe no sea sólo un acto propagandístico, sino aluda a la situación en que se encuentra el país.

Beltrones resaltó que espera que Calderón no sólo hable de logros, sino que autocríticamente hable también de lo que hizo falta y proponga soluciones a estos problemas que afligen a México, como son la falta de crecimiento, el desempleo, la inseguridad y la desigualdad social.

Ramírez Marín recalcó que espera que el Informe no se convierta en un ejercicio de publicidad y sí sea un balance, un análisis que nos ayude a los tres poderes a encontrar fórmulas de solución a los problemas del país.

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, expresó que en general los fieles de esa congregación consideran que la gestión del Ejecutivo en este último año es aprobatoria, pero la ola de la violencia que ha azotado diferentes partes de la República y que parece que no mengua, así como el reciente atentado en Monterrey, ensombrecen y opacan cualquier logro, como los alcanzados en educación, salud y economía.

En cuanto a las extorsiones y secuestros que han sufrido ministros y feligreses de este credo, sostuvo que la situación ha mejorado, pues en estados como Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, esos delitos en contra de evangélicos presentan una baja hasta de 90 por ciento. Añadió que aunque en materia de tolerancia y libertad religiosa ha habido avances, por una mala interpretación de la Ley de Asociaciones Religiosas, desde hace algunos meses se dificulta el registro de iglesias.