Santiago, 31 de agosto. La Comisión de Educación del Senado, con el voto de la oposición, aprobó este miércoles en primera instancia una iniciativa de ley que pone fin al lucro en la educación, en vísperas de una reunión entre la dirigencia estudiantil y el presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera.

La comisión votó en favor del proyecto que pretende la eliminación de los aportes del Estado a operadores privados con fines de lucro. La idea de la iniciativa de ley, presentada por parlamentarios de oposición en apoyo a las demandas de los estudiantes chilenos, es que se potencie el sistema de educación estatal y a las entidades privadas sin fines de lucro.

El proyecto de ley –aprobado por cuatro votos contra uno, del representante de la Unión Demócrata Independiente (pinochetista)– pasará a discusión en el pleno del Senado, poniendo un piso negociador a los estudiantes que se reunirán el sábado con Piñera en el palacio presidencial de La Moneda.

La aprobación marcó una derrota para el ministro de Educación, Felipe Bulnes, que acudió al Senado para defender el lucro en la educación porque abre más opciones educativas, argumentó.

El proyecto no produce avance en la calidad de la educación de los más pobres, que es lo que nos preocupa, pero implica poner en riesgo o generar incertidumbre en más de un millón 200 mil alumnos que hoy están en colegios particulares subvencionados, explicó.

Los estudiantes de secundaria y universitarios se manifiestan desde hace tres meses para exigir una reforma a la educación que ponga fin al lucro y potencie una educación pública gratuita y de calidad.

En contraparte, la Cámara de Diputados no consideró pertinente la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionado por la oposición por los procedimientos represivos de la policía militarizada contra el movimiento estudiantil.

La acusación fue entregada el 9 de agosto por parlamentarios de la oposición de izquierda, tras los incidentes del día 4, cuando el gobierno no autorizó una marcha por el centro de Santiago. A esta acusación se sumó después la muerte del menor Manuel Gutiérrez, abatido por un disparo de la policía en la protesta el jueves pasado.

El titular del Interior asistió a la Cámara baja con el ministro de la presidencia Cristián Larroulet y el vocero Andrés Chadwick, en clara demostración del cerrado apoyo de La Moneda a Hinzpeter.

En tanto, unos 50 estudiantes de secundaria que dijeron no sentirse representados por las organizaciones estudiantiles tomaron durante dos horas el Ministerio de Educación en rechazo al diálogo que sostendrá Piñera con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

La Confech está liderada por partidos políticos y pretende arreglar el conflicto dándose la mano con los políticos, mientras los colegios que están movilizados en la periferia no tienen ni voz ni voto en las decisiones, dijo Anadiela Villarroel, vocera de la ocupación.

En una declaración de prensa, la Secretaría de Educación Rebelde, como se denominó el grupo de escolares, exigió al renuncia de Hinzpeter y del director general de Carabineros, Eduardo Gordon, por la muerte de Manuel Gutiérrez.

Los jóvenes ingresaron al edifico ubicado a un costado del palacio presidencial, y subieron al séptimo piso –donde está el despacho ministerial–, en medio de forcejeos con los guardias de seguridad.

Tras causar destrozos en vidrios y puertas de las oficinas de Bulnes –quien en ese momento se encontraba en el Senado, en Valparaíso– los estudiantes fueron desalojados del edifico –en medio de un fuerte resguardo policial– sin que se reportaran detenidos.

De su lado, el autónomo y estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció la persistencia de torturas y represiones excesivas en el país en el contexto de las protestas estudiantiles y sociales. No estamos ante un patrón sistemático, pero hay casos violentos y excesivos, subrayó la directora del organismo, Lorena Fries.

Añadió que culturalmente el chileno es proclive al autoritarismo, y advirtió que la ola de movilizaciones también afectó a los carabineros, como le señalaron sus generales. Desde marzo están con turnos de 18 horas y tratamientos de contención sicológica, pues están estresados debido a las cientos de protestas, explicó la jurista.

Recalcó la gravedad de la muerte de Manuel Gutiérrez y criticó que en un inicio la policía rechazara investigar su participación en los hechos pese a los cargos en su contra, que derivaron luego en el despido de varios policías, incluido un general. Este es un país ordenado, pero donde los derechos humanos no van por delante, sostuvo.

Destacó que la justicia militar no garantiza la justicia para los familiares del joven, porque se trata de una justicia opaca, poco transparente, es juez y parte, y no hay manera de incidir en la investigación porque ésta es secreta.