Creada desde mediados del sexenio pasado por iniciativa legislativa, la Procuraduría de Defensa del Constribuyente (Prodecon) arranca por fin operaciones este jueves primero de septiembre, pero de manera limitada.

Frente a un padrón de 35 millones de contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de los cuales aproximadamente 10 por ciento presentan inconformidades, la Prodecon prevé atender sólo 5 mil casos en lo que resta del año y un número similar en 2012 debido a limitaciones presupuestales, aseguró Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular del nuevo organismo.

Cuestionada sobre el peso que tendrá Prodecon frente a las autoridades tributarias y si su papel no se limitará a hacer recomendaciones y conciliaciones, como sucede con los organismos que defienden a los consumidores y usuarios de la banca, la procuradora señaló que tiene atribuciones para multar al SAT de 9 a 18 mil pesos por no responder en tres días sus requerimientos de información si un contribuyente presenta queja porque le secuestraron su contabilidad, además de que tendrá intervención procesal en los actos que lleve a cabo.

Refirió que el SAT enfrenta 2.5 millones de actos de reclamación, así como 60 mil juicios de contribuyentes en el Tribunal Fiscal, pero a la Prodecon sólo se le autorizaron 53 millones de pesos para arrancar operaciones este año, que le permiten contar con una plantilla de 58 colaboradores (abogados y contadores fiscales, principalmente) mientras para 2012 se prevé un presupuesto de 240 millones, cuando requiere casi el triple para abrir 20 delegaciones en el país como marca la ley.

La ombudsman fiscal demandó un incremento de recursos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues advirtió que de lo contrario la Prodecon sólo podrá operar de manera centralizada en el Distrito Federal (la sede provisional se ubica en Nuevo León 250, en la colonia Hipódromo Condesa).

En el presupuesto para Prodecon, dijo, se ha descuidado que el organismo requiere rentar o adquirir oficinas para operar en todo el país y para atender aproximadamente a 10 por ciento de los contribuyentes que, se calcula, presentan quejas contra las autoridades recaudatorias.

Consideró que se requieren 700 millones de pesos, pero dijo que al menos pugnará para que el techo presupuestal se eleve hasta 417 millones de pesos y poder abrir 10 delegaciones. De lo contrario, si al organismo sólo se le autorizan 240 millones de pesos, advirtió que tendrá una plantilla de 115 personas que en conjunto absorberán por pago en nómina 140 millones de pesos.

Es un techo muy bajo, dijo, e insistió en que lo que pide no es nada comparado con el aumento de 10 mil 600 millones de pesos que solicitó el IFE para gasto operativo.

De cualquier manera, Diana Bernal anunció que, pese a esas limitaciones, el organismo tiene casi listo un expediente contra el SAT que involucra a tres cámaras empresariales (cuyo nombre se reservó por secreto fiscal) que se inconformaron porque ya no se les permite deducir gastos de operación.