San Cristóbal de Las Casas, Chis., 30 de agosto. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas se encuentran seriamente amenazados por la presencia de proyectos y planes gubernamentales que fomentan el despojo del territorio mediante intereses ajenos a quienes ancestralmente los habitan, afirma el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en su informe anual.

Los pueblos indígenas en el país se encuentran en una situación en extremo compleja debido, entre otras razones, a la disputa por el control territorial y a la cultura de violencia generada por el Estado mexicano, que continúa en una vorágine interminable, agrega en el informe Late la tierra en las veredas de la resistencia.

Subraya que “en el origen de este escenario están los proyectos y planes de los gobiernos federal, estatal y municipales, como el Centro Integralmente Planeado, que responden a una política de exclusión, marginación y pobreza, y que fomentan el despojo del territorio.

Según el organismo que preside Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, dichos planes, relacionados con el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá, han causado en Chiapas conflictos con graves consecuencias sociales en las regiones donde se ubican comunidades habitadas por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes construyen nuevas alternativas frente a proyectos de desarrollo dirigidos a la explotación de los recursos naturales ajenos a la cultura de los pueblos indígenas.

Víctor Hugo López, director del organismo, dijo durante la presentación del informe que con 18 por ciento del total de las quejas, la relativa al despojo de territorios fue la más recurrente en el lapso que abarca el documento (de marzo de 2010 a abril de 2011).

También dijo que el ejercicio de la autonomía a través de la libre determinación es una asignatura pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas, ya que “no hay voluntad política del gobierno de garantizar, respetar y promover los derechos colectivos de los pueblos, lo cual implica una modificación profunda a las bases institucionales del Estado, es decir, un cambio radical de sistema de gobierno.

En presencia de invitados, sostuvo que ante el desorden nacional político y social los pueblos ejercen y recuperan formas ancestrales de autogobierno.

Manifestó que la construcción de las autonomías que tiene lugar en México, especialmente en Chiapas, es como una casa invisible, pues se habla mucho de sus avances pero no se ven o no se quieren ver.

Víctor Hugo López precisó que el documento presentado hoy en las instalaciones del Frayba tiene entre otros objetivos “dar cuenta de la situación de los derechos humanos y de los procesos de defensa y ejercicio de derechos en cuatro ámbitos: territorio, criminalización de la protesta, autonomía y la memoria histórica.

Señaló que el organismo que dirige ha documentado los ataques a proyectos de autonomía en Chiapas sobre salud, educación, comunicación y autodeterminación de las comunidades y pueblos.

Magdalena Gómez, académica estudiosa del tema, dijo en su mensaje que, en sus vertientes de análisis, el informe nos ubica en la necesidad de hacer un recuento a la década de la contrarreforma indígena de 2001.

La articulista de La Jornada añadió: Aquí están los elementos básicos para insistir en la razón de Estado que en 2001 se hizo prevalecer en contra de los acuerdos de San Andrés: el impacto de esa contrarreforma se ve reflejado a lo largo del documento.