La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de presentación contra los accionistas y apoderados legales de las empresas Atracciones y Emociones Vallarta y Cymsa, que poseen los permisos expedidos por la Secretaría de Gobernación (SG) para operar el casino Royale, de Monterrey, Nuevo León –donde el pasado jueves murieron 52 personas–, revelaron fuentes gubernamentales.

El objeto del citatorio es que los empresarios y sus abogados aclaren ante la autoridad ministerial por qué el negocio no contaba con todas las condiciones de operación y seguridad que marca la normatividad de protección civil.

De acuerdo con los resultados preliminares de los peritajes realizados en la zona del siniestro, las puertas de emergencia eran insuficientes, además de que no todas estaban habilitadas cuando los sicarios rociaron gasolina y prendieron fuego.

Otro resultado de los peritajes arrojó que el establecimiento tampoco tenía vigilancia privada suficiente para cuidar las puertas de acceso ni contaba con arcos detectores de metales suficientes para evitar que entraran personas armadas.

Fueron citados los apoderados legales de las (empresas) permisionarias y dos de los accionistas, uno de ellos identificado como Raúl Rocha Cantú; en caso de no presentarse, la Policía Federal Ministerial está facultada para arrestarlos y ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, indicó un funcionario de la PGR.

Aseveró que si los dueños del casino resultan responsables de negligencia en materia de protección civil, podrán ser consignados por los delitos de homicidios y lesiones, pues se les consideraría corresponsables de los actos criminales perpetrados por presuntos integrantes del cártel de Los Zetas.

Hasta el momento la investigación para dar con el móvil del atentado está en manos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

Sin embargo, debido a que los presuntos responsables pertenecen a grupos del crimen organizado, y a que la principal hipótesis es que el ataque obedeció a que los dueños del Royale no pagaron extorsiones exigidas por Los Zetas, es muy probable que en el transcurso de esta semana la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR atraiga la indagatoria en su totalidad.

Las fuentes consultadas añadieron que la PGR también investiga a funcionarios de Gobernación y a media docena de integrantes del Poder Judicial Federal y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), ya que, de acuerdo con una denuncia penal presentada por la diputada perredista Lizbeth García, varios permisos otorgados para la operación de centros de apuesta incumplen la normatividad.

En mayo y agosto pasados, la secretaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Lizbeth García, presentó tres denuncias ante la PGR para que se investigue la actuación de cuatro jueces de distrito y de dos magistrados del TFJFA, así como la actuación de funcionarios de Gobernación, en el otorgamiento de amparos y autorizaciones a las empresas Atracciones y Emociones Vallarta, Juegos y Sorteos de Jalisco SA de CV y Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua SA de CV.

Las dos primeras empresas obtuvieron por la vía del PJF y del TFJFA los permisos necesarios de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos para operar 81 nuevos casinos: 46 para Emociones Vallarta y 35 para Sorteos de Jalisco.

En el caso de Entretenimiento de Chihuahua, la denuncia se refiere a un presunto permiso irregular firmado por Manuel Fierro, ex titular de la unidad de gobierno de la SG, quien fue inhabilitado por 10 años por anomalías en la entrega de licencias a casas de apuestas.