La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una nueva averiguación previa contra el secretario de juzgado Esiquio Martínez, preso en el Reclusorio Norte por incurrir en un presunto lavado de 50 millones de pesos.

Esta segunda indagatoria que enfrenta el ex funcionario judicial se inició ante la posibilidad de que con el aval de quien fuera su jefe, el juez federal suspendido de su cargo, Álvaro Tovilla León, hubieran concedido amparos a casas de juegos y sorteos del país, a cambio de sobornos.

De acuerdo con fuentes gubernamentales y ministeriales, la PGR cuenta con indicios probatorios con los que busca acreditar que en 2007, tras la clausura (ese año) impuesta por autoridades del municipio de Monterrey al Casino Paradise, por no contar con permisos de la Secretaría de Gobernación, el juzgado noveno de distrito en materia administrativa con sede en el Distrito Federal, que estaba a cargo del juez Tovilla, concedió un amparo a los propietarios de esa casa de juegos.

Un día después de otorgar el amparo, en una cuenta bancaria del entonces secretario de ese juzgado, Esiquio Martínez, hubo dos depósitos de 400 mil pesos, cada uno, desde sucursales bancarias de Monterrey.

Registros del Poder Judicial Federal consultados por La Jornada indican que el juzgado noveno de distrito en materia administrativa también ha concedido suspensiones en vías de amparo al Casino Royale, donde el pasado jueves murieron 53 personas y 10 más resultaron heridas.

Desde el sexenio presidencial del panista Vicente Fox, las empresas concesionarias de juegos y sorteos han encontrado en los amparos la vía para abrir más casas de apuestas, o para evitar que procedan las clausuras en ese tipo de comercios.

Entre las empresas que han obtenido amparos para los casinos destaca el caso de la firma Juegos y Sorteos de Jalisco, la cual consiguió en los dos años recientes permisos para operar 35 nuevas salas, gracias a que el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó un amparo.

El 22 de octubre de 2010 se le entregó a esa compañía el permiso DGAJS/P-01/2010 por 25 años para instalar casinos en 15 estados. Otro caso es el de Atracciones y Emociones Vallarta, que en 2009 consiguió la autorización de la ampliación del permiso para operar 41 centros de apuestas remotas y el aval para cinco salas con sorteos de números.

Esas autorizaciones fueron entregadas gracias al amparo que le otorgó el juzgado cuarto de distrito de Torreón, Coahuila.

Otro caso de presunta corrupción judicial en el tema de amparos concedidos a empresas de juegos y sorteos corresponde al caso de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de distrito en materia administrativa con sede en Monterrey.