lgunos despistados han criticado a José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por sus mensajes de carácter público dirigidos no solamente a los universitarios, sino a la ciudadanía en general. En este sentido resulta una rara avis porque hacía tiempo que un rector de la máxima casa de estudios no se pronunciaba tan clara y frecuentemente sobre los problemas nacionales, siempre con extrema pertinencia. Y, cumpliendo una responsabilidad asumida, hacer las veces de real conciencia nacional pedagógica y orientadora.

En otros tiempos, rectores excepcionales –pensemos en Javier Barros Sierra y en Pablo González Casanova– se pronunciaron en voz muy alta y firme defendiendo a la UNAM y a los universitarios de la saña que se había suscitado en su contra en momentos de graves enfrentamientos entre universitarios y el Estado. No fue un hecho menor, por supuesto, la ocupación militar de Ciudad Universitaria, el encarcelamiento y asesinato de jóvenes universitarios y la violencia generalizada de políticos en funciones de Estado, comenzando por el jefe del Ejecutivo de entonces, que en el extremo asumieron como norma violentar los derechos de la universidad y de los universitarios. Las autoridades universitarias de la época, comenzando con las de más alto rango, y la comunidad en su conjunto, defendieron a la UNAM hasta el límite de sus posibilidades.

Pero dejemos ahora ese pasado y fijemos la atención en el presente nacional, también desastroso y angustioso para los universitarios y para la gran mayoría de mexicanos. La última represalia asesina de Monterrey nos vuelve a mostrar la urgencia de retomar el buen camino. Entonces encontraremos el mérito especial del rector José Narro y de buen número de universitarios, directivos o no de las instituciones de la casa de estudios, preocupados por la situación que vive Mexico, sobre todo en materia de seguridad, por la violencia que se deriva de la corrupción de infinidad de funcionarios y trabajadores públicos de todos los niveles, por la sistemática violación a la ley y al orden público que llevan a cabo tales responsables, y por su incompetencia para enfrentar con madurez e inteligencia el conjunto de graves problemas que vive México.

La actitud asumida por José Narro es altamente elogiable. Y por supuesto también la de los universitarios que han participado en la formulación de los Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, que fue presentada hace unos días ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que en unos días se discutirá con el presidente Calderón, y se llevará al Congreso y también al gabinete de Seguridad para su discusión.

La propuesta fue formulada por 88 expertos e integra 36 acciones concretas, 14 principios rectores y nueve apartados que tienen como finalidad coadyuvar en la estrategia de combate al crimen organizado en el país para que ésta no se vea exclusivamente como un asunto de armas.

El rector Narro ha planteado también muy sensatamente que esta nueva estrategia anticrimen en favor de la seguridad ciudadana se discuta ampliamente en diversos foros universitarios. 

Por lo que ha trascendido, subrayaría que al menos son tres las principales líneas que contiene esa línea estratégica. Primero, las armas no son ni el único ni aun el principal instrumento para enfrentar al crimen organizado, que se deriva de una situación de tremendo abandono y desigualdades en el país. Segundo, la cuestión primordial es la socioeconómica, en que se incluye, desde luego, la creación de empleos y también la corrección de los desniveles abismales en la riqueza y las oportunidades. Tercero, la cuestión educativa que supone un esfuerzo excepcional de la nación para ampliar la educación en todas sus esferas y proporcionar a este aspecto fundamental del de-sarrollo de los recursos necesarios para alcanzar una planta docente y una infraestructura educativa que de verdad nos permita tener esperanzas fundadas en el porvenir de México.

Hay, pues, en el planteamiento universitario sobre la seguridad un cambio profundo de estrategia respecto de la que impera hasta hoy, a lo que parece con una elaboración en Los Pinos a puertas cerradas que no sólo está demostrado que es incompleta, sino que está lejos de responder a la tragedia nacional que vivimos. (¿O la estrategia fue definida en el norte?) 

Se trata entonces de un cambio esencial de la estrategia seguida hasta ahora por el gobierno, considerando el desafío en varios aspectos –económico, educativo, de orientación ética y cultural, etcétera–, y no sólo en el obsesivo y unilateral de las armas. Entre los elementos anticorrupción que se plantean estaría también la persecución implacable del lavado de dinero, que es uno de los pilares de estos delitos. 

En anteriores intervenciones universitarias el rector ha insistido precisamente en la necesidad de buscar y encontrar para México una ruta de crecimiento económico equilibrado, lo cual implica una severa corrección de los dogmas neoliberales que han sido desastrosos (privatizaciones, desregulaciones, la economía casino), para procurar un crecimiento más amplio y humano. Y algo fundamental a que siempre se ha referido: que la batalla contra el crimen comprenda también irrestrictamente la salvaguarda y protección de los derechos humanos y de las garantías individuales, sin lo cual se va a pique un Estado que quisiera ser mínimamente democrático.

Bienvenida, pues, la iniciativa universitaria y la comprensión esperanzadora del rector en las mejores perspectivas de los graves problemas nacionales hoy.