Madrid, 28 de agosto. Cientos de personas se manifestaron este domingo en Madrid contra un proyecto de reforma constitucional que introduce el principio del equilibrio presupuestario, el cual consiste en incluir en la Constitución el límite de déficit, y demandaron que esa iniciativa sea sometida a un referendo vinculante, acordada por el gobierno y la oposición.

Tras una gran pancarta en la que se leía: No a esta reforma de la Constitución. Ni un paso atrás, los manifestantes partieron de la estación de Atocha en dirección a la céntrica Puerta del Sol, que el movimiento de los indignados ocupó durante un mes, entre mayo y junio. En otra gran pancarta podía leerse: ¡El pueblo también cuenta, referéndum ya! Manifestaciones similares se celebraron en otras ciudades.

En un esfuerzo por parar la presión de los mercados financieros sobre la deuda pública española, los dos principales partidos del país, el Socialista Obrero Español (en el poder) y el Popular (oposición de derecha) acordaron la semana pasada introducir el principio del equilibrio presupuestario en la Constitución mediante una reforma.

Una vez más los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo sin pedir la opinión de los ciudadanos. Este techo de gasto va a ahondar aún más el problema, e hipotecar el futuro, bien sea en materia de educación o de sanidad, advirtió Pablo Padilla, estudiante de 22 años.

Llevamos años esperando una reforma de la Constitución sobre otros temas y ahora plantean esta reforma sólo para seguir las normas de (la canciller alemana Angela) Merkel, lamentó Manuel Muñoz, sociólogo jubilado de 59 años.

Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Murcia, Logroño, Cáceres, Málaga y Jerez serán algunas de las ciudades que se sumaron a la convocatoria de movimientos políticos y sociales contra la proyectada reforma constitucional.

El 16 de agosto, Francia y Alemania propusieron que los 17 países de la zona euro adopten antes del verano de 2012 la regla de oro que apunta al equilibrio presupuestario. El PSOE y el Partido Popular acordaron incluir en la reforma constitucional una ley orgánica que fijará en 0.4 por ciento del PIB el límite del déficit público español a partir de 2020.

Consagrar el neoliberalismo en la Carta Magna y hacerlo sin consultar a los españoles pone de manifiesto que el bipartidismo está al servicio de los mercados; es un paso más contra las mayorías sociales, denunció Ramón Espinar, miembro de Juventud Sin Futuro.