El ataque contra el casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que dejó más de 50s muertos, demuestra el poco avance en seguridad y que hay que replantear qué sistema político tenemos que no está dando resultados, expresó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Tenemos que hacer una reflexión, y lo que no está funcionando hay que cambiarlo. Por eso la reforma política es tan importante. Tenemos que ponderar a la ciudadanía y darnos cuenta que es fundamental una participación ciudadana mucho más activa, propositiva y exigente, manifestó en entrevista telefónica.

El tema del crimen organizado es una asignatura pendiente del gobierno federal y la creación de más empleos y mejor pagados es un buen instrumento para combatirlo, aseveró, a su vez, Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur), entrevistado luego de la clausura del Foro de Franquicias 2011.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló en un comunicado que la injustificada brutalidad del atentado exige una respuesta contundente de las autoridades federales y estatales, para que no quede impune.

Reiteró su apoyo al gobierno federal en la lucha contra la delincuencia, y pidió a la sociedad civil colaborar con denuncias anónimas en casos relacionados con organizaciones criminales.

Al sumarse al luto nacional, el CCE aprovechó para reiterar su llamado a los actores políticos a que aprueben cuanto antes “las nuevas reglas en materia de seguridad nacional, que permitan generar un marco de mayor certidumbre para la intervención de las fuerzas armadas cuando las circunstancias así lo requieran.

Ante escenarios como el que hoy vivimos, no hay lugar para poner freno a la lucha contra el crimen, retroceder o relajar las acciones del Estado contra la delincuencia, sentenció el organismo cúpula, que aglutina a 12 organismos empresariales.

Pero Gutiérrez Candiani dijo que la sociedad ya no debe pedir, sino exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, que cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad patrimonial y la vida de las personas, en lugar de que sigan eludiendo este, que constituye el principal precepto constitucional.

Si no lo hacen, puntualizó, deben renunciar, pero rechazó que con el atentado México haya entrado en una etapa de terrorismo. Insistió en que las autoridades deben perseguir a los criminales y combatir la impunidad. Incluso planteó que debe hacerse una limpia en el Poder Judicial, pues consideró que hay jueces corrompidos por el crimen organizado.