Diversas organizaciones de defensa de las garantías individuales, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional, manifestaron su rechazo al atentado ocurrido el jueves pasado contra un casino de Monterrey, Nuevo León, y alertaron que el grado de violencia criminal en México expone a la sociedad civil a un peligro cotidiano cada vez mayor.

En una carta firmada por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, y por todo el consejo consultivo de la institución, la CNDH manifestó su dolor por las acciones brutales de la delincuencia organizada, y reiteró su compromiso de brindar inmediatamente ayuda médica, sicológica y legal a las víctimas del ataque.

Luego de exigir el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, el organismo subrayó que es urgente evitar la polarización y la confrontación, y llamó a los tres niveles de gobierno a crear un frente común y coordinado para prevenir el delito y frenar la violencia.

Por su parte, Amnistía Internacional México dio a conocer un comunicado en el que lamenta lo ocurrido en el casino Royale, y advierte que la violencia criminal en el país hace que la gente viva cada vez más expuesta a una inseguridad extrema.

La organización exigió que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre este crimen, se castigue a quienes lo cometieron y se haga una adecuada reparación del daño, y enfatizó que en medio de las dificultades que tiene México para darle seguridad a su población, es fundamental respetar y proteger las garantías individuales.

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, reprobó el ataque en Monterrey, y lamentó que éste se suma a la larga historia de masacres recientes en los estados del norte, que ahora pasan como si nada, como si estuvieran tumbando ladrillos de una construcción.

Es indignante, aseveró, que los gobiernos estatal y federal hayan permitido que la delincuencia llegara a este nivel de poder, y coloquen a la población civil como blanco de disputas entre partidos. En este contexto de muerte, nos preocupa que los políticos quieran llevar agua a su molino, como Felipe Calderón al exigir que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional.

La activista indicó que las leyes internacionales contra el terrorismo ya le dan un adecuado marco legal al Presidente para actuar contra los responsables del atentado –sin necesidad de promover más legislaciones represivas–, y deploró que la mediocridad de la clase política lleve al pueblo a la muerte.

Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos –con sede en Monterrey–, subrayó que la estrategia de seguridad del gobierno sólo ha provocado un nivel de violencia cada vez más alto, en vez de atacar la base financiera y económica de los grupos de la delincuencia organizada.

Calderón quiere seguir dando muestras de fuerza, cuando es evidente que sus medidas son totalmente inoperantes. Si atacaran el lavado de dinero se corta todo el negocio, pero tal vez quedarían en evidencia muchos altos funcionarios públicos y empresarios, aventuró.

Volver a decir que los únicos responsables de la violencia son los criminales es puro rollo, cuando en realidad son la impunidad y la corrupción de las autoridades las que han impedido frenar estos delitos. Para mí, el enemigo número uno es la falta de visión y compromiso del Estado mexicano, que va a insistir en la aprobación de la ley de seguridad nacional, acusó.