El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados atribuyó a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Procuraduría General de la República (PGR) la responsabilidad de la operación ilegal del casino Royale, por no atender la solicitud de cerrarlo por no contar con permisos.

La diputada Lizbeth García Coronado (PRD), coordinadora del grupo de trabajo que revisa la aplicación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, afirmó que en la operación de casinos clandestinos persiste la complicidad de funcionarios del gobierno federal panista. Recordó que desde que Santiago Creel Miranda era secretario de Gobernación, en el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron cientos de permisos para casas de apuestas.

En conferencia de prensa, García Coronado refirió que también debe investigarse la actuación del Poder Judicial, que tampoco ha respondido a un punto de acuerdo del PRD en el que se le pidió una relación de los jueces que han concedido amparos a empresas dedicadas al juego con apuestas.

Aquí hay una trampa: la Secretaría de Gobernación no concede los permisos, las empresas solicitan una ampliación de los que ya tienen, y el endeble equipo jurídico de la dependencia no les responde en los 30 días que obliga la ley. Cumplido el plazo, las empresas recurren al Poder Judicial, que les reconoce la ampliación y les concede el amparo, declaró.

Recordó que inicialmente envió varios escritos al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para informarle que el casino Royale, donde murieron más de 50 personas el pasado jueves, no contaba con autorización federal para continuar abierto. Luego –señaló–, ante el silencio de Blake, optó por presentar en mayo pasado una denuncia penal ante la PGR. Tengo muy claro que el atentado lo perpetró la delincuencia organizada, pero la responsabilidad de que el casino Royale permaneciera abierto es de Gobernación, que de haber tenido voluntad de verificar si operaba de manera ilegal, tendría que haberlo cerrado porque no aparece en su lista de empresas autorizadas.

Informó que entre los ex funcionarios denunciados ante la PGR está Guadalupe López Mares, ex directora de Juegos y Sorteos de Gobernación, por su presunta colusión con el otorga- miento de un permiso falso a un casino en Chihuahua, y que entre los propietarios del Royale están Javier Vázquez y Raúl Rocha, vinculados a ex funcionarios panistas de Monterrey.