La Comisión Permanente solicitó al Ejecutivo federal elaborar un diagnóstico de la movilidad de personas en el país en función del fenómeno de la violencia, con el fin de diseñar y ejecutar una política pública de atención integral a las mismas.

Los legisladores destacan en el punto de acuerdo aprobado que el Observatorio de Desplazamiento Interno, organismo internacional dependiente del Consejo Noruego para Refugiados, destacó en su informe 2010 que en lo que va del sexenio 230 mil mexicanos cambiaron su lugar de residencia, y de ellos 120 mil lo hicieron para ponerse a salvo (de la violencia).

En otro punto de acuerdo aprobado en la penúltima reunión de la Permanente, los legisladores demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el diseño del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se considere incluir un fondo de restitución de daños para las víctimas del combate a la delincuencia organizada, con los recursos necesarios para cubrir cabalmente con su objetivo.

Destacaron que el tema debe ser considerado en función de que todos los grupos parlamentarios asumieron diversos compromisos el pasado 28 de julio en el castillo de Chapultepec durante el encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Los legisladores subrayaron que hubo el compromiso de que sí habría una ley de atención a víctimas y una justa reparación del daño a quienes padecen el dolor de la pérdida de familiares.

En el dictamen se detalla que, según datos oficiales, el número anual de víctimas del crimen organizado se multiplicó por siete en sólo cuatro años, al pasar de 2 mil 119 en 2006 a 15 mil 273 en 2010.

El documento advierte que si continúa esta tendencia al finalizar el sexenio podría haber más de 70 mil víctimas mortales.

Durante la penúltima sesión de la Permanente, en la cual se agendaron 60 dictámenes, 49 de ellos se votaron en paquete sin discusión, entre ellos uno por el que se apremió al Ejecutivo a que a la brevedad, mediante la coordinación de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, se generen datos estadísticos e indicadores confiables, de acceso público, para conocer con precisión, oportunidad y regularidad el número de víctimas de la lucha contra el crimen organizado y los efectos de la violencia en el país.

En este punto de acuerdo se subraya que actualmente no existe un indicador que de manera oportuna y periódica ofrezca cifras sobre el número total de muertes relacionadas con el narcotráfico y mucho menos de otros efectos relacionados con la violencia que se ha desatado.

Por ejemplo, se precisa que, de acuerdo con datos oficiales, la cifra de víctimas llega de diciembre de 2006 a 2010 a 36 mil 400.

“En ese conteo se incluyen ejecuciones, muertes en tiroteos entre bandas criminales y los ataques contra las autoridades. Sin embargo, otros conteos, como el del semanario Zeta, señalan que hasta junio del presente año el número de víctimas ya llegaba a 50 mil”.

Los legisladores señalan que muchos ejercicios nacionales e internacionales de medición de indicadores, en términos del ejercicio democrático y de la paz, han insistido en que nuestro país sufre una grave crisis de violencia que nos coloca en una situación preocupante.

Ejemplo de lo anterior, resaltan, es el señalamiento que hizo el Índice de Paz Global 2010 del Instituto para la Economía y Paz, “donde nuestro país sufrió en el último año, junto con Guatemala, el peor deterioro en puntos del ranking, y se ubicó en el sitio 121 de 153 países.

Otra referencia es el Barómetro de Conflictos 2010, realizado por la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde nuestro país se encuentra entre los seis más violentos del mundo, con niveles de inseguridad similares a los de Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán.

En el punto de acuerdo para elaborar el diagnóstico de la situación actual de la movilidad interna en función de la violencia, también aprobado sin discusión, se demandó al secretario de Gobernación que remita al Congreso un informe del objeto y alcance de los resultados del grupo de trabajo interinstitucional para atender la situación de quienes cambian su residencia en función del fenómeno de violencia.

Demanda que se diseñen criterios uniformes entre el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad civil en general con el fin de elaborar un diagnóstico nacional sobre la movilidad interna por la violencia.