Xalapa, Ver., 23 de agosto. Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley del gobernador Javier Duarte de Ochoa para el otorgamiento de beneficios a deudos a integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado caídos en cumplimiento de su deber, ya sea policías, elementos de la procuración de justicia y del sistema penitenciario.

Con esta nueva disposición que reconoce el compromiso de los servidores públicos que protegen a los veracruzanos, Veracruz se coloca a la vanguardia legislativa en el país al otorgar un respaldo económico a las familias de los hombres y mujeres que salvaguardan la seguridad de la sociedad.

En sesión extraordinaria, la 62 Legislatura del Estado respaldó al mandatario veracruzano en su reconocimiento a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, porque cumplen con responsabilidades y obligaciones que exigen un compromiso mayor cuando se trata de cuidar y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos.

Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la iniciativa del gobernador Javier Duarte se convirtió en ley para otorgar una pensión a las familias de los deudos de policías caídos, así como una beca escolar a los hijos como reconocimiento a sus padres por su entrega para proteger los derechos fundamentales de los veracruzanos.

A partir de ahora y con carácter de retroactividad, el Gobierno del Estado de Veracruz otorgará una beca trimestral equivalente a 420 veces el salario mínimo vigente en la capital del estado a los deudos de policías, elementos de procuración de justicia, del sistema penitenciario y demás dependencias encargadas de la seguridad pública caídos en servicio.

La nueva ley contempla beca escolar para los hijos solteros menores de 18 años y para los hijos solteros mayores de 18 años, previa comprobación de que realizan satisfactoriamente estudios continuos de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos hasta la conclusión de una carrera técnica o profesional.

A través de la institución encargada, se otorgará una vivienda a la familia en un plazo máximo de un año cuando no cuenten con una propia, así como determinar sus características en función del número de los miembros de la familia beneficiaria.