La primera comisión de la Permanente aprobó un punto de acuerdo para instar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que considere las circunstancias específicas y se proscriba cualquier posibilidad de criminalizar la protesta social en el análisis del proceso que se sigue a Francisco Morales Fernández, conocido como El Potro, por encabezar el grupo de resistencia civil Chucho el Roto, que se opone a las altas tarifas eléctricas en municipios aledaños a la Central Nuclear Laguna Verde.

En el punto de acuerdo aprobado, los legisladores solicitan que el tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito realice un minucioso examen del proceso, en el que “se pretende injustamente darle un trato de delincuente al luchador social que no cometió actos ni abstenciones de reproche social, Francisco Fernández Morales, El Potro.”

Detallan que el movimiento Chucho el Roto se creó en 2005 y tiene por origen el legítimo reclamo ciudadano: tarifas de energía eléctrica justas, rutas de evacuación de emergencia de la Central Nuclear de Laguna Verde, seguro contra desastres y tarifas preferentes en beneficio de más de 300 mil habitantes de los alrededores.

Se precisa que ese movimiento firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que se comprometió a implementar tarifas preferenciales en beneficio de las comunidades circundantes a la nucleoeléctrica, que en su mayoría son pobres.

Al contrario de eso, se apunta en el dictamen, se han impuesto de manera arbitraria e insensible las tarifas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la CFE, no sólo en esa zona, sino a lo largo de todo Veracruz y otras entidades federativas.

Los legisladores señalan que en ese movimiento más de 35 mil afiliados, que se ubican en una superficie de 11 mil kilómetros alrededor de la central nuclear, y a raíz del incumplimiento del convenio con CFE, se unieron para rechazar el pago de las tarifas eléctricas injustas.

Ese movimiento, se detalla en el punto de acuerdo, demanda un pago justo, de acuerdo con el consumo y la zona de riesgo. Esos reclamos le han costado la libertad a Fernández Morales, El Potro, quien a partir de 2008 ha sido sujeto a detenciones.

Sin embargo, señalan los legisladores, ello ocurrió en el marco de un proceso judicial plagado de anomalías. Fue indebidamente juzgado por haber instruido supuestamente a un grupo de habitantes del poblado Coyolillo, municipio de Actopan, Veracruz, a oponerse y resistirse a que trabajadores de la CFE realizaran cortes al suministro en la comunidad.