a decisión del PRD de seleccionar su candidato presidencial mediante encuestas refleja la extrema debilidad de nuestro sistema democrático. El principal partido de izquierda, que en teoría tendría que estar más cercano a las necesidades del ciudadano común y que históricamente se había distinguido como la única fuerza política que tomaba en cuenta a la sociedad a la hora de tomar determinaciones importantes, hoy anuncia ser una institución igual de cupular, elitista y burocrática que sus opositores. Con esta decisión la ciudadanía en su conjunto pierde, pues se le cierra uno de los últimos reductos de participación directa en la vida política del país.

Es cierto que en la práctica hubiera sido muy difícil celebrar una elección interna confiable. Los procesos electorales recientes organizados por el partido del sol azteca han sufrido graves irregularidades. En 2008, Jesús Ortega fue impuesto presidente del partido por el tribunal electoral en una sentencia que dejó en la total impunidad el evidente cochinero de la elección (mi análisis aquí: http://tinyurl.com/3qzy292). La elección de Amalia García como presidenta del partido en 1999 no fue mucho más limpia. De hecho, tuvo que ser anulada y repetida por las diversas prácticas fraudulentas que se presentaron.

Hoy el partido no cuenta con una comisión electoral con suficiente fuerza, recursos o independencia para organizar una elección como la que se requiere. Asimismo, su padrón electoral se encuentra en total desorden, aun después de una costosa campaña nacional de afiliación y renovación. La discrepancia entre el padrón histórico de más de 8 millones de integrantes y los apenas un millón 800 mil militantes que el partido recientemente registró ante el IFE es un claro indicador del grave problema en esta materia.

Ante tal escenario, el método de las encuestas quizás resulte ser el más viable. Pero esto no justifica que el partido se encuentre hoy en esta situación límite, obligado por las circunstancias a traicionar su historia de participación popular y apertura a la ciudadanía. Más allá de quien resulte electo candidato presidencial, el verdadero reto será expulsar el caciquismo y recuperar tanto la fortaleza institucional como la democracia interna. De otra forma, el PRD se debilitará enormemente ya que le quedará muy poco que lo distinga de las otras fuerzas políticas.

Ahora bien, estrictamente hablando no es cierto que el congreso nacional haya elegido el método de las encuestas para determinar al candidato presidencial. Los resolutivos indican que será el consejo nacional el que tendrá la última palabra tomando en cuenta para su definición los resultados de encuestas abiertas a la ciudadanía y los posibles acuerdos a que lleguen los candidatos. Es decir, la voz de los ciudadanos sufrirá una doble mediatización: primero será representada indirectamente por las casas encuestadoras y posteriormente se subordinará a un acuerdo cupular entre los mismos dirigentes de siempre.

Existen numerosos detalles que tendrían que resolverse en el camino. Lo primero sería la elección del universo al cual aplicar las encuestas: ¿población abierta? ¿Miembros del PRD? ¿Simpatizantes de la izquierda? Por un lado, abrir totalmente el universo permitiría que un amplio sector de la población, que jamás votaría por un candidato de la izquierda, intervenga en la determinación de su candidato. Por otra parte, solamente encuestar a los menos de 2 millones de militantes en activo dejaría fuera la opinión de una amplia franja que eventualmente podría sumarse.

La mejor solución sería diseñar la muestra en principio sobre un universo abierto, pero únicamente tomar en cuenta las opiniones de aquellas personas que afirman que estarían dispuestos a votar por algún candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de 2012 o, en su caso, por algún candidato que no sea del PRI o el PAN. Así se evitaría que los peñanietistas o los corderistas se entrometan en los asuntos internos de la izquierda electoral con efectos sumamente perversos.

Otra decisión clave es si lo más relevante es la popularidad, el respaldo popular o la efectividad electoral de cada candidato.

Mayor popularidad, o menos opiniones negativas, no necesariamente se traducen en mayores posibilidades de ganar la elección presidencial. Muchas veces esta clase de opiniones no son suficientes para llevar a los ciudadanos a las urnas. Una medición directa de la fuerza electoral de cada candidato en contra de los posibles candidatos de los otros partidos sería mucho más aleccionadora. Sin embargo, este dato también puede ser engañoso, ya que las campañas mismas pueden cambiar radicalmente el escenario. Así que quizás la mejor solución sea buscar una medición intermedia de respaldo popular o potencial electoral que diera un peso especial a la capacidad de cada candidato de movilizar durante la campaña a los votantes desencantados con el sistema político en su conjunto.

Lo más importante, desde luego, sería asegurar la unidad de la izquierda. La inclusión en la boleta electoral de dos candidatos de esta fuerza política implicaría no solamente un desastre para el PRD, sino también sería una abierta invitación a los poderes fácticos para terminar de avasallar al país durante el próximo sexenio.

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