ace un año, Juan Antonio Hernández, presidente de la industria que elabora bolsas de plástico, pidió al jefe de Gobierno de la ciudad de México aplazar la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe la entrega gratuita de bolsas de plástico en comercios. Alegó que ni esa industria ni la población estaban preparados para cumplir con la nueva legislación por falta de información, interpretaciones diferentes de la misma y hasta errores. Y que cobrar por dichas bolsas en los establecimientos mercantiles o sustituirlas por biodegradables nada resolvía, pues lo que falta es hacer realidad la recolección, la separación y el reciclaje de desechos.

También se quejó de que la Secretaría del Medio Ambiente citadina propusiera cobrar por las bolsas en los establecimientos mercantiles cuando la ley en la materia no fija tarifa, se desconoce el destino de los recursos que se recauden y son ridículas las multas para quien las regale. Es mejor, entonces, según dijo, que los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal revisen la ley que aprobaron en 2009 y que las modificaciones sean consensuadas, se basen en principios de sustentabilidad y sean claras para la población y los comerciantes.

Asimismo, los fabricantes de bolsas de plástico se quejaron de que éstas fueron satanizadas, lo que provocó la pérdida de unos 15 mil empleos de los 150 mil que ocupa dicha industria, mientras las ventas se redujeron entre 6 y 7 por ciento.

A un año de estas declaraciones, las bolsas de plástico se siguen entregando sin cobro directo al consumidor en la inmensa mayoría de los supermercados, pese a la campaña para que la gente adquiera bolsas verdes.

Se desconoce qué tanto se redujo la producción de bolsas de plástico y cuántas consumió el comercio. Tampoco se sabe sobre los logros del programa global sobre separación de basura, obligatorio desde 2008. Si nos atenemos a la realidad observada en una colonia modelo, como es la Condesa, la mayor parte de la basura no se recibe separada, según el material de desecho; el sistema público de recolección no está preparado ni equipado para cumplir con lo que la legislación ordena y la gente sigue dejando sus bolsas con basura en los camellones de avenidas de donde las recoge el personal de limpia.

Aunque es la colonia más atendida por los servicios públicos, ya que ahí el licenciado Marcelo Ebrard tiene su despacho alterno, la esquina donde Cristina y José Emilio Pacheco tienen su casa es un tiradero a cielo abierto.

En referencia a la basura, Ebrard acaba de salir al paso de las críticas anunciando que el 31 de diciembre será cerrado en definitiva el Bordo Poniente, pero se ignora dónde se depositará la mitad de la basura que genera la ciudad, que hoy va a dar a ese punto de Nezahualcpoyotl.

Oficialmente se afirma que de las 12 mil 600 toneladas que diario llegaban al Bordo, ahora sólo se reciben 6 mil 800 gracias al programa Vamos a Separar y a que se les cerró la puerta a 3 mil toneladas de municipios de los estados de México y Morelos. Por otra parte, se concesionará a particulares la compactación de parte de la basura para utilizarla en plantas cementeras como combustible. En cambio, se desconoce la suerte de los proyectados Centros Integrales de Reciclaje y Energía.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal aseguró que el cierre del Bordo Poniente será el 31 de diciembre y que pronto dará a conocer los pasos de la ruta para empacar mucha basura para reducir la emisión de residuos sólidos, reutilizarlos y tratarlos. Pero no dijo dónde será depositada la que no sea sometida a tales procesos a partir de esa fecha.

En cambio, sí se sabe por qué en Cuernavaca se cambió el Programa de Ordenamiento Territorial que abre al negocio inmobiliario unas 2 mil hectáreas claves para producir agua, humedad y oxígeno: por intereses políticos. Y también por qué la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó al influyente grupo Femsa la construcción de un estadio de futbol, que será la sede del equipo de su propiedad: los Rayados. El estadio arrasará, gracias al contubernio entre autoridades y empresarios, con 25 hectáreas pertenecientes al bosque La Pastora, área natural de gran importancia para la zona metropolitana de Monterrey.