Guanajuato, Gto., 21 de agosto. Un joven que fue torturado para que se incriminara por el robo de 300 mil pesos a Raquel Barajas Monjarás, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), fue declarado inocente después de permanecer preso 11 meses y haber sido sentenciado a pasar 11 años y seis meses en el penal de Puentecillas, en esta capital.

El 11 septiembre de 2010, Manuel Medina Ibarra, de 26 años, fue retenido por policías ministeriales para que declarara como testigo de un robo a la casa de Raquel Bajaras. Después de permanecer incomunicado nueve horas y de ser torturado, se declaró culpable.

El juez de la primera sala penal, José Luis Molina, lo sentenció a pesar de que la declaración sobre la forma en que ocurrió el robo era inconsistente y fue obtenida a golpes, denunció el abogado Héctor Ponce Ramírez. Además, el día del robo Medina Ibarra se encontraba en su trabajo.

El magistrado Rubén Lara López determinó liberarlo porque su confesión era ambigua, incompleta, increíble y, por lo tanto, inatendible.

El 12 de agosto Manuel Medina fue liberado y su abogado analiza pedir la reparación del daño, pues “ni siquiera le dijeron ‘la regamos, discúlpenos”’.

En la declaración preparatoria del proceso penal 142/2010, el acusado reveló ante el juez primero penal que lo golpearon y obligaron para que dijera que tenía qué ver con el robo; además, no le permitieron comunicarse con ninguna persona durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Le cubrieron la cabeza con su playera y una bolsa de plástico, y dentro de la bolsa le arrojaban humo de cigarro, y lo pateaban en el cuello y el pecho.

Según el expediente 195/2011 de la apelación ante el magistrado Rubén Lara, la declaración le fue arrancada mediante violencia física y durante el tiempo que fue presentado ante el Ministerio Público estuvo incomunicado.

Molina, designado juez del nuevo sistema penal acusatorio, alteró los hechos para incriminar a Manuel Medina por el robo a su jefa, Barajas Mojarás, acusó el defensor Ponce Ramírez.

Agregó que el ex procurador de Justicia –hoy magistrado– Daniel Chowell Arenas encomendó a sus escoltas que investigaran el robo de la magistrada, y el ombudsman estatal se negó a intervenir.