Para frenar la entrega de la exploración y explotación de crudo a empresas privadas mediante los contratos integrales aplicados por Petróleos Mexicanos (Pemex), en actividades aún reservadas por mandato constitucional al Estado mexicano, existen dos vías: interponer una controversia o solicitar un juicio de amparo.

Los sujetos interesados con personalidad jurídica que pudieran interponer estos recursos legales son los legisladores, trabajadores sindicalizados desplazados o los propios municipios que resultarían afectados por estos nuevos modelos de contratación, aseguró Sergio Benito Osorio, ex presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados de la LIX legislatura.

El especialista vaticinó el fracaso de estos convenios como lo han sido los contratos de servicios múltiples (CSM) aplicados en la cuenca de Burgos para la explotación de gas, donde después de varios años, la producción del energético no es mayor a la que realizaba Pemex.

El jueves pasado Pemex anunció el fallo de la primera ronda de licitaciones de contratos integrales para la exploración y producción de campos maduros en la región sur, en la que resultaron ganadoras la británica Petrofac Facilities Management, para los campos Santuario y Magallanes, y la mexicana Administradora de Proyectos de Campo para el área Carrizo.

En entrevista, Sergio Benito Osorio explicó que en este caso estamos en un hecho jurídico distinto que es la adjudicación de contratos a empresas, ya en específico dos compañías, que van a realizar trabajos desde la exploración hasta la extracción y el manejo de hidrocarburos, materias que están aún reservadas constitucionalmente para el Estado mexicano.

El también integrante de la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano de la Energía, que aglutina a académicos, especialistas y trabajadores del sector energético, opinó: “Pienso que esto va a ser una lucha larga porque estamos iniciando lo que Pemex ha señalado como una serie de licitaciones que ahora son sobre campos maduros, pero que podrían incluir los otros ámbitos de operación de Pemex; es decir, en aguas profundas, Chicontepec y que ya no serían yacimientos maduros.

Entonces estas dos vías, cada que haya una adjudicación, se abre nuevamente la posibilidad de recurrir sea mediante un amparo o a través de una controversia constitucional.

Explicó que se tergiversa la reforma petrolera de 2008, porque tampoco en la Ley Reglamentaria en materia petrolera se pueden encontrar fundamentos sobre lo que se está haciendo.

Sobre la viabilidad política del tema, creo que los distintos gobiernos que han intentando avanzar en la decisión del estatal al privado en la explotación petrolera no han podido ni podrán resolver mientras no haya un cambio constitucional, cosa que no se ve ni a mediano ni a corto plazos.

Los grandes tiradores, los grandes operadores de la industria no están. Como en el caso de los contratos de servicios múltiples, dijo, que por cierto llega el momento de que se pueda hacer un balance de lo que ha ocurrido pues hubo un gran alboroto.

Se puede decir que no resultacomo ellos quisieran y esto tiene que ver sobre todo por los elementos de carácter legal tan visibles, como los riesgos de que la Corte o la autoridad responsable pudiera considerar que están fuera del marco legal vigente del país.