20 de agosto de 2011     Número 47

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Desestima México valor de la investigación
y la innovación tecnológica

El comportamiento negativo de la economía mexicana en los años recientes, y también el mediocre desempeño del sector agropecuario, están estrechamente ligados con el desdén que hay hacia la ciencia y la tecnología.

Un análisis elaborado por Arturo Puente González, asesor de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, señala que el gasto federal en ciencia y tecnología (GFCyT) tuvo un crecimiento acumulado real de sólo 13.1 por ciento en 1997-2006 y la proporción de este gasto respecto del producto interno bruto (PIB) fue de sólo 0.40 por ciento, muy debajo de la proporción de 3.82 y 3.10 que registran los países líderes en inversión tecnológica, Suecia y Japón, y muy debajo también de países como Estados Unidos, Corea, Alemania y Francia, que registran 2.1-3.0 por ciento.

En cuanto al GFCyT en agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, tuvo un crecimiento acumulado real de 19.6 por ciento en el periodo señalado de diez años. Esto es, dice el reporte, “se sigue la tendencia general observada en el conjunto de la economía, de una baja intensidad”. La proporción del GFyCT sectorial representó 6.5 por ciento del GFCyT total en el periodo.

Con América Latina México presenta desventajas también: “La información de largo plazo disponible para los principales países latinoamericanos indica que la relación entre el gasto en investigación y desarrollo (GID) en la agricultura respecto al PIB primario en México ha estado muy por debajo de la que muestra Brasil, Chile y Argentina, y en esta década similar a la que muestra Colombia”.

El texto destaca que la elevada rentabilidad económica de la inversión en investigación agropecuaria no debe ponerse en duda. “Ha sido ampliamente documentada en países desarrollados y en vías de desarrollo, y México no es la excepción”. Estudios realizados desde los 70s y hasta los más recientes muestran evidencias al respecto.

Por ejemplo, expone, el maíz híbrido trilineal H-48 para zonas de temporal, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con una evaluación hecha para 1993-2001, registró una tasa de beneficio/costo de 26.8 y una tasa interna de retorno real de 27.7 por ciento. O, en ese mismo orden, los indicadores para avena forrajera variedad Chihuahua, para temporal, del propio INIFAP, fueron 45.1 y 43.5 por ciento, con el periodo de evaluación 1958-80.

Arturo Puente se pregunta: si la inversión económica en la investigación y la innovación tecnológica es altamente rentable para el país, ¿por qué existe una subinversión del gasto público en este rubro?

Y responde con varias hipótesis, entre ellas: 1.- El Estado no ha sido capaz de fomentar un sector productivo basado en la tecnología. 2.- El Estado concentra su política de fomento en apoyar al sector productivo por medio de subsidios y transferencias. 3.-La visión del Estado con respecto al sector productivo es de muy corto plazo y por ello desestima la investigación. 4.- El Estado subestima las evaluaciones sobre la rentabilidad de la investigación. 5.- La escasa importanci a que se da a la investigación y desarrollo para la economía en su conjunto se refleja en el sector agroalimentario.

Las recomendaciones que da son que los sectores público y privado reconozcan explícitamente la importancia de la investigación y la innovación tecnológica y establezcan un compromiso de destinar recursos financieros que alcancen en el mediano plazo (cinco años) una proporción equivalente al uno por ciento del PIB agropecuario y dos por ciento en el mediano plazo (diez años). Asimismo que estos recursos se asignen a proyectos de investigación plenamente identificados y evaluados, y con una visión de sus resultados previstos por tipo de beneficiarios y regiones (LER).

Necesaria, la investigación silvícola

Iván Zúñiga

Para los habitantes de las ciudades, los bosques templados, selvas y manglares (bosques) cada día son más vistos sólo como espacios que “deben dejarse en paz para que recuperen su estado natural”, dejando por completo en el olvido su importancia y potencial como sector económico y proveedor de bienes para la sociedad.

Año tras año vemos cómo la actividad forestal ha disminuido hasta llegar a representar sólo el 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y el 9.4 por ciento con respecto al sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza). Esta situación para muchos significa que simplemente los productores forestales mexicanos no son competitivos, como si esta situación no estuviese relacionada con los cambios en la política pública aplicada al sector y al entorno de los productores, como si los productores hubiesen nacido incompetentes por genética.

Y bajo la misma simplificación de la realidad, la alternativa diseñada desde los escritorios y la economía ortodoxa para los bosques es la protección y el intento de conservación por medio de imposiciones para limitar el aprovechamiento (aunque sea sustentable) y pagos de subsidios difícilmente sostenibles en el tiempo.

Si bien no todos los bosques pueden ser aprovechados o cumplen con condiciones adecuadas para la extracción de materias primas y productos, hoy solamente hay permisos otorgados para la extracción de madera en 6.5 millones de hectáreas de los 21 millones con potencial económicamente viable. Esta situación produce un déficit anual mayor a los mil millones de dólares sólo por la importación de madera, y mayor a los 5 mil millones, si consideramos otros productos como los muebles o los editoriales.

Para salir de esta situación y lograr la competitividad del sector forestal mexicano, la investigación y el desarrollo tecnológico deberían jugar un papel fundamental, mediante el diseño de soluciones que apoyen la productividad, reduzcan los costos de aprovechamiento y transformación, y generen nuevos productos para satisfacer al menos el mercado nacional. ¿Por qué todos los pisos laminados que se venden en el país son importados de Estados Unidos, Alemania u otros lugares y no existe ni uno solo de producción nacional?

En 2010, de los 954 proyectos de investigación e innovación tecnológica desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) sólo 77 proyectos correspondieron al sector forestal (ocho por ciento), contrastando con los 620 agrícolas (65 por ciento) y los 179 pecuarios (19 por ciento).

Si consideramos los proyectos apoyados para el mismo año por el Fondo Sectorial Conacyt- Conafor, los financiados resultan de verdadera importancia, como la “Generación de modelos de la dinámica de perturbaciones en bosques de pino provocadas por insectos”, llevada a cabo por el mismo INIFAP, o el proyecto “Aserrín de madera oxidado, desarrollo de un nuevo material biosorbente para eliminar metales tóxicos presentes en solución acuosa”, financiado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los cuales pueden contribuir a la productividad y competitividad de productos maderables y no maderables. Sin embargo, este Fondo en 2010 sólo aprobó 17 proyectos, pocos para la gran necesidad del sector.

Comparativamente, podría parecer que el panorama no es tan desalentador si consideramos que durante el mismo 2010 en los campos experimentales del INIFAP se validaron 22 tecnologías para el sector forestal (17 por ciento), por arriba de las 20 pecuarias y en contraste con las 88 agrícolas (66 por ciento). Algunas de estas tecnologías abarcan temas tan relevantes como la salud vegetal, plantaciones comerciales, la estimación del carbono, propiedades fisicoquímicas de la madera y el manejo silvícola.

La demanda de madera en el país ha crecido anualmente hasta alcanzar los 194 metros cúbicos por cada mil habitantes, al mismo tiempo que la producción nacional ha caído hasta representar sólo un tercio de este consumo, pero ni siquiera este gran mercado ha logrado orientar las prioridades en la inversión de los recursos para investigación. Esto se debe a un importante sesgo en la orientación de los recursos motivado por a) la falta de un mayor presupuesto para esta tarea (en 2010 el recurso fiscal asignado al INIFAP fue tan sólo de mil 617 millones de pesos), b) la carencia de investigadores en el sector, c) el olvido en que lentamente se sumen los bosques como sector productivo en tiempos de la estrategia de Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y la Degradacion (REDD) y d) la pérdida de la biodiversidad.

Miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

ANEC: intercambio de experiencias entre productores


FOTO: Edgardo Mendoza R. / ANEC

Lourdes Edith Rudiño

El Programa de Desarrollo Productivo Sustentable con Destino (PDPSD) que ha desarrollado la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) en los tres años recientes es un ejemplo de la capacidad y el potencial que tienen los grupos campesinos tanto para la generación de conocimiento a partir de su propia actividad agrícola, como para la transmisión de este conocimiento, al hacer extensiva, por medio de visitas de campo y observación directa, la tecnología y los resultados exitosos con otros productores de otras regiones.

El PDPSD es un esquema que la ANEC creó con base en experiencias de impulso productivo generadas desde mediados de los 90s por productores de Jalisco primero y luego de Nayarit, y que con el paso del tiempo maduraron en términos de la conformación de su metodología y de parámetros precisos de sustentabilidad económica y ambiental, así como de una estrategia para difundir todo esto entre el conjunto de organizaciones miembros de ANEC y para encontrar respaldo en las políticas públicas.

Así, en tan sólo dos años, de 2008 a 2010, el PDPSD elevó en 45 por ciento los rendimientos del maíz en más de 13 mil hectáreas de temporal, que pasaron de 5.74 a 8.32 toneladas por hectárea en promedio, en predios de siete estados de la República: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Chiapas y Guerrero.

Además, el PDPSD influyó en el surgimiento de un programa público federal, el Programa Especial de Maíz de Altos Rendimientos (Proemar).

Los elementos claves de este programa son el análisis de suelos inicial –lo cual parece obvio, pero no es una práctica generalizada de los campesinos–; luego, la planificación de la producción desde antes de la siembra; la participación de un técnico en todo el proceso, y las decisiones lógicas posteriores de uso de fertilizantes (con incorporación de productos orgánicos), utilización de control biológico y otros insumos y sistemas como la lombricultura, y sobre todo un compromiso muy claro del productor de cuidado del cultivo.

Así lo dice Antonio Hernández, director de la Sociedad Integradora de del Campo (Sicampo), de Jalisco, y uno de los fundadores de la ANEC: en el desarrollo de este programa, “un lema que hemos aprendido es que el mejor fertilizante son las huellas del huarache: (…) mientras más cuides el cultivo, en verdad te preocupes por él, entre mejor lo atiendas, por supuesto que mejores resultados vas a tener”. Los procesos en el PDPSD implican también aplicar “conceptos de calidad total, que son los que tienen en la industria y el comercio: hay que hacer una mejora continua, hay que ser metódico, sistemático y recuperar las experiencias del año pasado para superarlas en el siguiente año”, dice Hernández.

Con base en las experiencias brindadas por este programa, Víctor Suárez, director ejecutivo de la ANEC, afirma que el avance en el campo ocurre cuando se da una “integración del conocimiento campesino y del conocimiento experto, de los agrónomos y los técnicos, reconociendo y respetando al productor, porque quien más ve las cosas es él. Si hay cambio, posibilidad de hacer las cosas, es porque el campesino lo decidió, no porque alguien de afuera lo dijo. Hay que reconocer por tanto que la gente debe ser el centro de las políticas públicas, y no ver a la gente como objeto”.

Asimismo, dice Suárez, el éxito de este programa reconoce el papel central e ineludible de la agricultura de pequeña y mediana escala temporalera (característica que marca a los socios de la ANEC) y de la organización local autogestiva, con enfoques integrales, no aislados ni desarticulados, y hace evidente que alcanzar la soberanía alimentaria sí es posible por medio de estrategias campesinas, si bien éstas requieren el apoyo del Estado.

El análisis de suelos es muy importante, porque sus resultados detonan decisiones en busca de mayor productividad, pero también para restaurar los suelos, los cual es un asunto prioritario, en virtud de que en México hay un serio problema generalizado de erosión y desertificación, comenta José Atahualpa Estrada, coordinador general del Programa y responsable en ANEC de los temas de productividad. “Lo que se hace es trabajar de forma amable con los recursos tierra y agua”.

La ANEC surgió hace 15 años con el objetivo de crear capacidades empresariales y comerciales en los campesinos; nació en la coyuntura de desmantelamiento de la Conasupo, pero este programa le ha hecho modificar su filosofía, al comprender que el principio de todo está en la tierra misma, en los insumos y en los métodos de trabaja, agrega Estrada.

Antonio Hernández relata que en 1996, en Jalisco su organización estableció relación con dos técnicos, uno nacional de la Universidad de Guadalajara, y otro de Iowa, Estados Unidos. Ellos tenían “la gran convicción de que era posible elevar la productividad de manera muy importante y que el ritmo de crecimiento en México era tremendamente lento”. Con sus orientaciones técnicas, los campesinos lograron pasar en un solo año de rendimientos de cinco-seis toneladas por hectárea a 9.6, lo cual fue sorprendente “porque los cambios tecnológicos realizados no eran tantos, fundamentalmente fertilizar conforme a un análisis de suelo y establecer una cantidad de semilla adecuada para la meta considerada (…)”

¿Y cómo se ha dado el extensionismo? “Lo que nos enseñaron los técnicos (de Iowa y de la Universidad de Guadalajara) se fue generalizando, y es que la tecnología así se pasa, cuando el agricultor ve algo y ve que funciona, lo adopta; se fueron generalizando en el estado las siembras con altas densidades (de plantas), el uso de fertilizantes tales como el cloruro de potasio –que en ese tiempo era descalificado por las autoridades gubernamentales–, nuevos materiales genéticos, nuevas labores culturales, algunas que incluso nos llegaron de Cuba, como era el uso del subsuelo de roturador y no del arado de discos. Todo ese tipo de prácticas se fue generalizando en el estado, prácticamente sin habérnoslo propuesto”.

Posteriormente, y con experiencias probadas también de altos rendimientos y con métodos muy similares en Nayarit, la ANEC ha promovido que el conocimiento y la tecnología se trasladen a las demás organizaciones socias, por medio básicamente de visitas de campo. Los productores acuden a los campos de sus homólogos en otros estados y constatan directamente los procesos y resultados.

Fortalecer la investigación, prioritario para los agricultores pequeños y medianos: Mendoza Zazueta


FOTO: Diana Dultzin

La escasa inversión pública en investigación y tecnología en México no es producto de la casualidad; ni lo es tampoco el declive experimentado en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP). Todo ello forma parte del proceso iniciado desde los años 80s, de desmantelamiento de instancias que servían al campo con fi nanciamiento, producción de semillas, seguro, asistencia técnica y comercialización, afirmó José Antonio Mendoza Zazueta, quien fuera subsecretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Sin embargo, hoy es momento de revertir la situación y de buscar un fortalecimiento de la investigación, y del INIFAP, pues de otra forma “¿quién realizará la investigación básica?” que incide en las zonas de agricultura menos privilegiada. Serán las grandes trasnacionales las que se apoderen del negocio de las semillas, en especial del maíz, “y nos las van a vender más caras”.

Mendoza Zazueta, quien hoy es sec retario técnico del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural, capítulo México, afi rmó que es indispensable fortalecer el papel del Estado y los recursos públicos en ciencia y tecnología para el campo, y particularmente en investigación básica dirigida al centro y sur de la República, donde predominan condiciones dificiles para la producción: orografía accidentada, semidesierto, trópico húmedo, tierras de temporal y agostadero extensivo, y donde se ubican los mayores índices de pobreza.

Con datos del INIFAP señaló que el desarrollo de investigación es absolutamente rentable, y este tipo de información debe ser difundida, “sin intenciones mercantilistas”, sino como una estrategia para que el Estado pondere la ciencia y fortalezca los presupuestos para el INIFAP y otras instancias de investigación. Tales datos, relativos a la erradicación de la fiebre porcina clásica en 2009, indican que eso se logró con la vacuna PAV- 250 del INIFAP. De esta vacuna se aplican al año 26.4 millones de dosis y la Dirección General de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura ha dicho que gracias a ellas se ha logrado evitar pérdidas por siete mil 680 millones de pesos, esto es siete veces el presupuesto anual del INIFAP.

Asimismo, dijo Mendoza, habría que ver lo que valen las semillas desarrolladas por el INIFAP que permiten cultivar en laderas con pendientes pronunciadas y con preservación de suelos y de agua.

Con base en pronósticos generalizados, de especialistas e instituciones internacionales, de que los precios mundiales agrícolas tienden y tenderán al alza, Mendoza Zazueta dijo que se requiere fortalecer las capacidades de los productores de pequeña y mediana escala, que son la gran mayoría, y para ello la investigación y el desarrollo de tecnología son elementos críticos. Del total del país, el 70 por ciento cuenta con predios menores a cinco hectáreas, dijo.

Estos productores, dijo, requieren tecnologías muy propias de las condiciones de sus suelos y tierras (minifundio, laderas, desertificación, entre otras) y que no son costosas en absoluto. Afi rmó que hay experiencias en predios pequeños con crecimiento sustancial de rendimientos por hectárea, generado con tecnologías sencillas (LER).