l atropello a casas particulares, una de ellas la de Efraín Bartolomé, cometido por policías del estado de México, no tiene defensa alguna, es la segunda gran pifia conocida ampliamente que comete la procuraduría de ese estado, la primera fue la de la pobre niña Paulette. La actuación violenta, derrumbando puertas, introduciéndose a domicilios privados, con armas de alto poder, enmascarados, profiriendo injurias y amenazas, nos recuerda al Barapem (Batallón de Radio Patrullas del Estado de México), de triste memoria, que atemorizaba y atropellaba ciudadanos que trasnochaban o que simplemente circulaban por sitios apartados, pero allá.
Ha transcurrido tiempo, pero no podemos dejar pasar el hecho sin algunos comentarios; el primero de ellos es que la inviolabilidad del domicilio reconocida por el artículo 16 constitucional, aún sigue vigente, sus raíces las encontramos en la carta magna de los ingleses y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Los tratados internacionales sobre derechos humanos la reconocen, el domicilio de las personas es sagrado.
Pensamos también que si fuera de su jurisdicción, en plena capital del país, los policías del estado actúan así, qué podrán esperar o qué no habrán sufrido ya los habitantes de zonas marginadas en Neza, en Chalco, en El Molinito o en poblaciones pequeñas y alejadas de las vías de comunicaciones. Tendremos que preguntarnos si las autoridades en casos similares, devuelven también los pobres objetos que les quitan, como en el caso del reloj del poeta.
El incidente me recuerda otro; el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas era gobernador de Michoacán, policías federales y de Jalisco incursionaron en territorio michoacano y en el rancho El Mareño, mataron a las personas que ahí encontraron; la actitud del gobernador fue de indignación y de defensa de la soberanía de su estado, reclamó pública y enérgicamente a quienes cometieron las violaciones, dirigiéndose directamente al Presidente de la República.
El atropello a Don Efraín Bartolomé y a las demás familias menos conocidas, pero no menos agraviadas, es malo por sí mismo, y constituye la comisión de delitos sancionados por el Código Penal, pero tiene otra faceta que es necesario advertir: es un hecho nuevo, del que no habíamos tenido noticias y que por lo pronto nos alarma, tenemos que preocuparnos por que no sea sólo el inicio de una serie de acciones similares.
Nos hemos acostumbrado ya a saber diariamente de delitos cometidos por los sicarios que sirven a los cárteles, espero que no nos habituemos a ver con indiferencia acciones similares de las autoridades.
En el Distrito Federal durante mucho tiempo se ha mantenido un clima de relativa tranquilidad; por años disminuyó, a 70 o menos, el robo de vehículos que fue alguna vez, en la era priísta, de 200 o más al día, y el índice diario de homicidios dolosos fue por muchos años menor a dos al día, en promedio; aquí la delincuencia organizada no encontraba espacios propicios porque no había arreglos arriba ni tolerancia interna. Se evitaron conflictos a pesar de alguna intentona provocadora, como cuando la PGR, en forma absurda, trajo de Baja California a dos niños, hijo y sobrino de un famoso delincuente, detenido en el mar y en forma perversa o al menos torpe los entregó al DIF de la ciudad.
Lo que entonces hicimos fue llevar a los menores con las precauciones necesarias, al Albergue Temporal de la Procuraduría del Distrito Federal y un día después los entregamos sin escándalo, a quienes acreditaron ser sus familiares, madre y tía. Libramos el riesgo, salimos de la provocación y no permitimos que trascendiera a los menores la culpa aun no determinada por juez alguno, de su familiar.
Tenemos que preguntarnos como va a actuar el gobierno para que no sea el incidente de Lomas de Padierna el inicio de una riesgosa escalada en que policías de otras entidades actúen irregularmente en la capital del país.
