n México priva la incertidumbre y duele la falta de proyecto de nación. Las únicas certezas, nada halagüeñas, son una soberanía ausente y un tufo a irracionalidad neofascista. No sabemos qué futuro espera a la cultura y a la democracia, ni cuál será el régimen político-administrativo con que nos gobernaremos, o si la economía crecerá o se hundirá en la debacle de la globalización. Pero para el futuro distante, todas estas incertidumbres son nimias, dolores pasajeros de una sociedad en transición. De hecho, se potencian y vuelven infinitas cuando se las combina con la madre de todas las incertidumbres: la medioambiental. De lo que ocurra con el sistema ecosocial mexicano dependerá nuestro futuro como de ningún otro factor. No es sólo que nuestras formas básicas de vida serán afectadas de manera contundente por el calentamiento global, sino que la locura ecocida mexicana (utilizando el término del filósofo Luis Tamayo) parece no tener fin. Las tasas de deforestación siguen entre las primeras del mundo, la especulación inmobiliaria y la minería a cielo abierto reclaman cada vez más territorio, más de la mitad del suelo mexicano está degradado y los ríos más importantes son un desastre. Cualquiera de los escenarios medioambientales se antoja catastrófico.

¿Qué pasa con nuestro derecho a un medio ambiente adecuado para el bienestar y el desarrollo? ¿Qué pasa con la autoridad ambiental y su función de fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales? Muchos lectores, sobre todo quienes están entre los millones de afectados ambientales, querrán ahora burlarse para no llorar, pero los invito a suspender su muy mexicano fatalismo y amarga ironía, y a iniciar una reflexión de fondo de nuestra situación. No sólo somos más de 100 millones quienes dependemos de que el gobierno cumpla con su obligación, sino que miles de personas –funcionarios honrados y ciudadanos organizados– realizan cotidianamente enormes esfuerzos en su favor con pocos resultados. Quienes día a día tratamos de defender el medio ambiente estamos convencidos de que la calidad del bienestar humano, el desarrollo y el medio ambiente son una sola cosa, un conjunto inseparable. Somos parte de la naturaleza y con los demás organismos biológicos formamos su herencia evolutiva; nuestras normas éticas, jurídicas y políticas deben reflejarlo. Enfatizamos que el derecho al medio ambiente es de carácter cooperativo, en el sentido de que la cooperación social es condición indispensable para alcanzar los fines que tal derecho contempla, y que el gobierno está obligado a garantizar la organización efectiva, eficiente y sustentable de los sectores e individuos en un proceso de cooperación social propicio. Pero en México, para maximizar la inversión corporativa, el poder constitucional del Estado ha sido capturado, deformado y desviado. El gobierno mexicano neoliberal ha posibilitado una perversa desfiguración de los derechos individuales y sociales consagrados por nuestras leyes, la inducción sistemática y estratégica de fallas de Estado ¡por el mismo gobierno!, y la imposición y ocultamiento de una violencia de Estado contra la población en lo que se refiere a la aplicación justa de la ley y la satisfacción de sus necesidades básicas. Para los mexicanos se ha vuelto casi irreconocible el contenido ético y político de nuestros derechos, deberes y leyes, y del mismo gobierno: simplemente no sabemos qué son y por qué están. La sociedad y el medio ambiente están separados artificialmente, el derecho a la vida se practica como derecho al dominio irresponsable sobre la vida (incluyendo, claro está, la humana) y el gobierno no propicia un estado social adecuado para los derechos cooperativos. La aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) está hecha ruinas.

Así lo señala claramente el manifiesto recién emitido por el colegio académico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM) frente los hechos ignominiosos ocurridos en torno al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuernavaca (véase www.educrim.org/drupal612/?q=node/153), en los que participaron autoritariamente los tres niveles de gobierno y regidores de casi todos los partidos políticos. El país debe compartir y discutir este manifiesto, que señala algunos defectos principales de los procedimientos de administración ambiental, destacando la falta de protección adecuada a la participación informada y oportuna de la ciudadanía y la falta de acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial para quienes sufrimos del deterioro medioambiental en donde vivimos, trabajamos y nos recreamos. Los académicos del CRIM también invitan a la comunidad universitaria nacional a iniciar un debate sobre la LGEEPA. Respondamos con energía a este llamado, e incorporemos a toda la sociedad mexicana. La incertidumbre en que vivimos nos abre una coyuntura política y social decisiva: de lo que hagamos ahora dependerá el futuro de México. Discutamos en todo el territorio nacional la ley y la política ambiental, y sus instrumentos y procedimientos de aplicación en el país, los estados y los municipios. Y también suscribamos el manifiesto de los Indignados en Defensa del POET de Cuernavaca, en www.facebook.com/notes/indignados-al-rescate-del-poet-por-las-barrancas-y-bosques-de-cuernavaca/manifiesto-ciudadano/262044250472480.