La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó anoche la obligación de las iglesias y asociaciones civiles sin fines de lucro de contribuir al combate al lavado de dinero y reportar a la Secretaría de Hacienda los donativos que reciban por más de 200 mil pesos, monto que también se fijó como límite para renta de inmuebles en efectivo.

Durante una sesión vespertina de más de tres horas, para terminar de discutir el dictamen de la Ley contra el Lavado de Dinero, la comisión definió que si bien no se pretende vincular a las asociaciones religiosas y civiles con el crimen organizado, sí son susceptibles de ser utilizadas para legalizar dinero de procedencia ilícita.

Históricamente, la beneficencia pública es una actividad vulnerable. Esto no implica que quien hace un donativo es un delincuente; no confundimos conceptos, pero de que es una actividad vulnerable, lo es. Y, perdón, pero la Iglesia también, expresó el secretario de la comisión, David Penchyna (PRI).

La obligación de que las asociaciones religiosas y civiles sin fines de lucro exijan a los donatarios entregar una identificación oficial cuando aporten más de 100 mil pesos en efectivo, y entregar un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda si son más de 200 mil pesos, generó un debate de más de una hora.

Los diputados panistas Ruth Lugo y Gerardo Cuadra, que han representado a asociaciones civiles en Guanajuato y Aguascalientes, que a su vez reciben donativos de los gobiernos de esos estados, se opusieron a incluir dicha obligación en la ley.

Ante las dudas de si las fundaciones de las televisoras se verán afectadas con la medida, David Penchyna aclaró que, por ejemplo, los donativos al Teletón de Televisa se realizan a través de una cuenta bancaria. Se depositan en Banamex. Entonces, ¿dónde está la vulnerabilidad? No pretendemos señalar que todos los donativos son malos, pero sí se tienen que supervisar, afirmó.