l Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) entregó a Eruviel Ávila la constancia de mayoría el lunes 15 de agosto en Toluca, la cual lo acredita gobernador electo del estado de México.

El acto solemne en la sala de sesiones del instituto fue de contrastes. Los representantes de PAN y PRD reprochaban amargamente las maniobras excesivas de los aparatos de gobierno en la inequidad de una contienda desigual; el representante del tricolor invitaba a los quejosos a hacer un ejercicio de autocrítica y sobre todo a preocuparse por lo que dejaron de hacer. Y mientras los actores vencidos cuestionaban la imparcialidad de los consejeros electorales del IEEM, del otro lado había autismo. Querían pasar al festejo y a la celebración.

Eso me hizo recordar las sentencias de Giovanni Sartori cuando evidencia que la opinión pública y el ejercicio electoral parten de un piso de democracia horizontal que se tensiona con la dimensión vertical de la política: los de arriba mandan. Desde el ejercicio del poder, la democracia peligra al convertirse en una construcción vertical y autoritaria. El acto de la entrega de constancia fue, más que un trámite, una metáfora de poder. Por ello, es importante un tercero en la discordia, la presencia de una ciudadanía organizada y pujante que haga contrapeso a la clase política que se está habituando a la simulación, al doble discurso y al cinismo.

Dictamen Ciudadano, que observó el proceso electoral y organizó foros temáticos con los candidatos en el estado de México, en unos días va a presentar su informe final y valoración sobre el conjunto de la contienda electoral mexiquense con la finalidad de provocar un análisis profundo.

El texto es fruto de una cuidadosa observación y discusión entre ciudadanos acerca de un proceso que deja claroscuros y lecciones políticas que estarán presentes en el proceso electoral federal de 2012. En el documento de 50 cuartillas se analiza desde la ley Peña, la consulta y la frustrada alianza PAN-PRD, la construcción de las candidaturas, el papel de los medios, los debates, las pobres campañas, el papel de la Iglesia, el abstencionismo, y hasta el tema de la redistritación.

Fruto de esta reflexión, en tanto movimiento ciudadano, queremos demandar especialmente a la legislatura local que realice una nueva reforma electoral que ponga mayores candados al desenfreno político de no pocos actores que intervienen en el proceso electoral con el fin de hacer valer el sufragio libre y secreto.

Esa reforma podría resumirse en los siguientes apartados: a) realizar una sustancial reducción de las prerrogativas económicas a los partidos, tanto a sus gastos ordinarios como a la asignación a campañas; la ciudadanía quiere ver campañas austeras. Los recursos que la sociedad eroga en la democracia electoral son excesivos e innecesarios; b) poner mayores y más sólidos candados a la intervención de los aparatos de gobierno y de funcionarios públicos en los procesos electorales. Prohibir tajantemente y con mayores penalizaciones el desvío de recursos, económicos y humanos, de los programas sociales de gobierno para la coacción y compra del voto; c) establecer claridad en el origen y destino de los recursos que se emplean en campañas; no es claro el flujo de los recursos y, por tanto, se requiere legislar sobre una nueva fiscalización mucho más eficiente y transparente. Y de paso dar marcha atrás a las limitaciones que impuso la ley Peña al limitar el órgano técnico de fiscalización. Asimismo, hay que pautar con mayor precisión y claridad los mecanismos de las revisiones precautorias para evitar el mínimo rebase en los topes de campaña; d) solicitar al Congreso mexiquense el inmediato nombramiento de nuevos consejeros, erradicando la lógica de cuotas partidarias para que den certeza al instituto electoral, privilegiando el carácter ciudadano, de imparcialidad y de autonomía del órgano electoral. Sólo así los consejeros podrán ser una verdadera autoridad y ofrecer certeza y confiabilidad en procesos electorales altamente competitivos. Igualmente, se recomienda el establecimiento de un efectivo programa de servicio profesional de carrera que propicie la lealtad de los servidores electorales, sea con la misión de la institución y no con el partido que indebidamente lo colocó en ese cargo; e) iniciar en lo inmediato los trabajos de redistritación junto con el IEEM con la finalidad de subsanar el vergonzoso rezago de más de 21 años en la demarcación, que viola importantes principios democráticos de equidad y legalidad en una entidad que se ha transformado con un alto grado de dinamismo sociodemográfico. Una persona un voto, cuyo valor sea equivalente en cada uno de los distritos y que se corrija las distorsiones que padece el estado de México, donde en algunas regiones hay sub y sobre presentación. Aquí hay una obligación política y ética tanto del congreso como del consejo electoral del IEEM.

Pese a los enconos y polarizaciones, el proceso mexiquense tuvo un nivel razonable de civilidad y no hubo grandes incidentes de violencia. Los debates, sin duda, fueron un novedoso dispositivo para acercar el candidato a la ciudadanía. Sin embargo, hubo notables abusos y omisiones de las autoridades electorales. El video de José Bernardo García Cisneros es un caso paradigmático, pues era la punta del iceberg electoral que mostraba los mecanismos de la operación gubernamental en la coacción del voto. Hasta la fecha, a mes y medio de concluida la jornada electoral, no hay sanción ni investigación que fije responsabilidades.

La omisión del consejo general del IEEM, lejos de inhibir las funestas prácticas, parecía invitar a los funcionarios a cometerlas, porque se declaró incompetente de toda intervención.

Los ciudadanos estamos obligados a asumir un nuevo papel. Sin compromisos partidarios debemos construir agendas en las políticas públicas que efectivamente incidan en el verdadero interés público.

El bien común en la vieja tradición cristiana no supone que quienes detentan el poder lo operen en beneficio de todos, porque a la larga crea dependencia; se trata de una compleja tarea de compromisos compartidos y de una articulación de responsabilidades ejercidas entre gobernados y gobernantes. Gobernanza, se diría hoy, formas modernas de ejercicio del poder con eficacia, calidad y sensible conducción de la intervención del Estado, que fortalezca su legitimidad.