egún información dada a conocer ayer por el diario Los Ángeles Times, la Oficina para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) ascendió a tres funcionarios involucrados en la operación Rápido y Furioso –por medio del cual el gobierno del vecino país abasteció con miles de fusiles de asalto a los cárteles mexicanos– por las habilidades y destrezas demostradas a lo largo de sus carreras, según se lee en un correo electrónico confidencial firmado por Kenneth E. Melson, director en funciones de la ATF.

Tales ascensos contravienen la promesa formulada en su momento por el presidente del vecino país, Barack Obama, en el sentido de que habría sanciones para los responsables de la citada operación. Por el contrario, a la luz de la información publicada por el rotativo californiano, queda claro que las autoridades del vecino país no sólo han otorgado impunidad a los servidores públicos involucrados en un manifiesto delito, sino ahora recompensan las habilidades y destrezas de tres de ellos. Otro tanto puede decirse del propio Melson, cuyo conocimiento y seguimiento puntual del operativo ha sido documentado en informes elaborados por el legislador republicano Darrell Issa, y quien, sin embargo, permanece en el cargo de director de la ATF.

Los datos comentados confirman el carácter meramente discursivo del supuesto compromiso de Washington en el combate a la criminalidad organizada y al narcotráfico en nuestro país: los constantes alegatos de ese gobierno para defender su lógica prohibicionista hacia el consumo, la producción y el trasiego de estupefacientes, así como la política de combate a las mafias de la droga que ha impuesto en naciones periféricas, como la nuestra, no guardan ninguna relación con una realidad en que la propia Casa Blanca es omisa hacia el accionar de esas bandas dentro de sus propias fronteras; tolera el lavado de dinero en su sistema financiero y se erige, con operaciones como Rápido y furioso, en proveedora de las organizaciones delictivas que opreran al sur del río Bravo.

No puede descartarse, a la luz de la información disponible, que esa inconsistencia entre la práctica de las autoridades del vecino país y el discurso de su presidente se deba a ignorancia del segundo respecto de las malas acciones que realizan algunos funcionarios de su gobierno: a fin de cuentas, si algo ha caracterizado a la administración pública estadunidense es, precisamente, ser un espacio en el que confluyen representantes de sectores, facciones e intereses encontrados –recuérdense los viejos conflictos de intereses entre las agencias de inteligencia y seguridad de Washington–; a ello debe añadirse la posición de debilidad política en que se halla el actual mandatario frente a los poderes del establishment de esa nación.

Lo cierto, en todo caso, es que hay funcionarios, o acaso sectores, en el aparato gubernamental de Estados Unidos que, lejos de colaborar en el combate al narcotráfico, se dedican a promoverlo, lo cual plantea una perspectiva desoladora: si de por sí la guerra declarada por el gobierno calderonista desde sus inicios –y proseguida y acentuada, de acuerdo con los elementos disponibles, por presión estadunidense– arroja saldos asimétricos para ambos países, e injustos para el nuestro, es posible que algunas facciones públicas o privadas de la nación vecina vean en la promoción de ese escenario una vía para proveerse de un mercado donde colocar parte de su producción armamentista, generar gran cantidad de dinero cuyo lavado reporta ganancias astronómicas a las entidades financieras del país vecino. Por si fuera poco, ello les daría también un buen pretexto para multiplicar y profundizar sus acciones injerencistas en nuestro país.

En este contexto, el hecho de que las dependencias estadunidenses no muestren ningún empacho en premiar a funcionarios involucrados en acciones ilegales, como Rápido y furioso, debería ser intolerable para las autoridades mexicanas y tendría que llevar a una profunda revisión de la cooperación bilateral en materia de seguridad. En lo inmediato, la ética elemental hace recomendable y necesario poner fin a una guerra que no tiene posibilidades de ser ganada en su configuración actual, y en la que se establece una relación directa entre el sufrimiento y la zozobra de la población mexicana y el beneficio político y económico de facciones y grupos de interés al norte de la frontera.